QUITO
.- Está posesionado el equipo de encargados de judicializar los 118 casos de supuesta violación de derechos humanos presentados en el informe de la Comisión de la Verdad.
Con ello la Fiscalía abrió las dos primeras investigaciones, sobre la base de los expedientes que les fueron entregados el pasado 19 de julio.
El equipo de fiscales lo integran: Fernando Guerrero, Marcelo Narváez, Dilsa Muñoz, Fabián Salazar, Galo Rodríguez y Henry Estrada, cuyo trabajo estará respaldado por tres secretarios y seis asistentes.
Estos son: los secretarios Carla Olalla, Marco Espinoza y Andrés Cabrera. Asistentes: Gladys Bastidas, Alejandra Sigcha, Grace Pazmiño, Orlando Váscones, Ulises Torres e Invonne Poveda.
La Unidad, que trabajará en la sede de la Fiscalía, está a la espera de la llegada del resto de expedientes, preparados por la Comisión de la Verdad que fue creada por el régimen para investigar ese tipo de casos dados en gobiernos anteriores y que empezó a trabajar en enero del 2008.
Con la conformación de la nueva Unidad, la Fiscalía de Pichincha inició la judicialización de los dos primeros casos.
El primero (cuya referencia es el código C22) se trata de la privación ilegal de la libertad y desaparición forzada de Luis Vaca Jácome, un ex militante del grupo insurgente Alfaro Vive Carajo (AVC) detenido en Esmeraldas y trasladado hasta un centro de reclusión, donde permaneció dos años apresado y bajo torturas, de acuerdo con el informe de la Comisión. El hecho ocurrió en Conocoto el 10 de noviembre del 1985.
El segundo caso (C104) corresponde a la desaparición forzada de la cárcel de Quevedo de Luis Alberto Sabando Véliz.
Sabando fue detenido para investigaciones sobre la muerte de un ciudadano de Quevedo y desde entonces se encuentra desaparecido. El hecho fue registrado por su madre, quien a la mañana siguiente de su detención fue a dejarle comida y le informaron que su hijo se había fugado, sin darle mayores explicaciones.
DINERO OFRECIDO NO LLEGA
Según el fiscal general, Washington Pesántez, no existe un presupuesto especial para el funcionamiento de la Unidad, de forma que no hay un costo que se pueda cuantificar.
Según Pesántez "no he visto un solo centavo" de los recursos que ofreció el Ministro de Justicia para apoyar el trabajo de judicialización de los casos de la Comisión de la Verdad y que ascendía a entre $ 700 mil y 800 mil para el proyecto de protección de víctimas y testigos y entre $ 350 mil y $ 400 mil para ayudar al funcionamiento de la unidad de fiscales.
Por el momento -agregó Pesántez- espera que el Ministerio de Finanzas le reponga las partidas de los seis fiscales que conforman la unidad, para reponerlos en las áreas que quedaron sin esos funcionarios.