Por remoción la UNE enfrentará a las autoridades en el campo judicial

La pugna entre el Magisterio y el Ministerio de Educación se trasladará al ámbito judicial. La remoción de seis autoridades educativas que la Secretaría ordenó frente al paro indefinido que inició el pasado martes, encendió los ánimos de los afectados.

El próximo lunes interpondrán acciones legales en la Fiscalía del Guayas, pues consideran que la separación es ilegal y una persecución política. Así lo afirmaron Jorge Itúrburu y Arturo Cepeda, ex rectores de los colegios Vicente Rocafuerte y Aguirre Abad, en su orden.

El pasado jueves durante el tercer día de paro que lideró la Unión Nacional de Educadores (UNE), la Cartera del Ramo difundió los acuerdos ministeriales (del 363 al 369) que dispusieron la remoción de sus cargos, de los dos rectores antes citados y de otros cuatro directivos de los mismos planteles.

Itúrburu anunció que se presentarán dos recursos: una acción de protección “porque se violó el debido proceso y nuestro derecho al trabajo”, y una acción penal contra el ministro de Educación, Raúl Vallejo, y la subsecretaria del Litoral, Mónica Franco, “por prevaricato”.

Esto tiene sin cuidado a Franco pues defendió  la medida que se ampara en la reforma a la Ley de Carrera Docente y Escalafón del Magisterio aprobada por el ‘Congresillo’ el pasado 14 de julio, y que faculta al Ministro a remover de su función al docente incurso en desacato y falta grave.

Además recordó que el decreto ejecutivo N° 44 sanciona la paralización de servicios públicos, como la docencia, y determina como falta grave la incitación al paro.

Pero para Arturo Cepeda, ex rector del colegio Aguirre Abad, se violó el art. 33 de esa Ley que manda que la separación de un maestro debe ser previo sumario administrativo. Por ello, dijo, se los privó del derecho a la defensa.

En medio de esta contraposición de argumentos surgen acusaciones de proselitismo. Jorge Itúrburu, ex rector del Vicente, aseguró poseer el oficio donde el ministro Vallejo obligaba a distintos establecimientos fiscales a prestar las instalaciones para que PAIS, la agrupación de Gobierno, efectúe sus primarias el pasado 25 de enero. “Ellos nos exigieron hacer proselitismo para la Lista 35, para las primarias”.

Además refirió un hecho más reciente: según Itúrburu el pasado 8 de septiembre el régimen intentó movilizar alumnos de planteles de Guayaquil hasta Manta, para la ceremonia que declaró a Ecuador libre del analfabetismo. Indicó que el asesor jurídico de la Dirección Provincial de Educación, Arturo de Andrés, propuso facilitar buses para los estudiantes del Vicente. Dijo que las autoridades del colegio se negaron a esto por ser proselitismo. “Por eso ahora esta retaliación política”, dijo en alusión a la remoción.

En tono enérgico la subsecretaria Mónica Franco, exhortó a Itúrburu a demostrar sus aseveraciones; al tiempo que recalcó que lo único que el Ministerio le ha oficiado fue cuando en agosto del 2008 se le ordenó retirar las pancartas que lucía el instituto, por tratarse de propaganda a favor del proyecto de Constitución que aún no era aprobado en referéndum.

El aludido reconoce que respaldó el texto de Montecristi que impulso el Gobierno de Rafael Correa. “Pero el pueblo tiene derecho a equivocarse”, dijo en entrevista en Ecuavisa.

Asambleas
En algunos planteles de Quito, como el Colegio Simón Bolívar y el Central Técnico, la dirigencia y docentes mantuvieron asambleas distritales para estudiar nuevas medidas de hecho.

Acción de protección
El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia (CNNA) interpuso una acción de protección, con el fin de frenar el paro del magisterio, pues considera que se violan los derechos de los niños y adolescentes.

MPD
La directiva nacional del MPD, encabezada por Luis Villacís, calificó de arbitraria e inconstitucional la decisión del Ministro de Educación de remover de sus funciones a seis maestros.