Romper un juramento

Voceros del Gobierno quieren restarle importancia al hecho de que la Asamblea Nacional no podrá cumplir el mandato constitucional de aprobar varias leyes en un plazo determinado. “No tendrá mayores implicaciones”, se escuchó decir textualmente a un alto funcionario del régimen.

Discrepamos. Quizás los funcionarios que piensan así se están fijando solo en algunas implicaciones prácticas inmediatas; por ejemplo si habrá sanciones para los incumplidos. Pero la Carta Magna de un país es un contrato entre todos los ciudadanos de una nación; y desacatar sus mandatos equivale a bombardear las relaciones sociales que mantienen cohesionada a la república.

De allí que la ley le exija a los funcionarios públicos jurar su cumplimiento.

Cuando gobernaba la partidocracia, ese juramento se rompió y las consecuencias fueron terribles. Hoy, lejos de reorientar el barco del Estado, de nuevo observamos señales de que ni los juramentos se respetan.