Durante los últimos años tuve el enorme privilegio de asumir la defensa jurídica de muy complejos casos, caracterizados por connotaciones políticas en un sistema judicial esencialmente corrupto, en que luchar únicamente con armas lícitas es muchísimo más difícil, por lo cual la fortaleza de las defensas deriva de la inocencia de quienes defiendo, aun a costo de persecuciones personales absurdas.

Así, las durísimas defensas de los ex presidentes Gustavo Noboa y Alfredo Palacio me enfrentaron indirectamente al poder político del país. Quienes criticaron esta última defensa ignoran que antes de asumir el caso, el ex presidente Noboa disipó con gran facilidad el aparente conflicto ético que aparecía, lo cual propició que hoy goce de la amistad y consejo de dos hombres que, con sus aciertos y errores, son ya parte de la historia de este país.

Significativo y grato también ha sido asesorar al abogado Jaime Nebot en temas de autonomías, pese a las enormes críticas que he realizado a dirigentes del Partido Social Cristiano; así como defender a Carlos Falquez y a Montgómery Sánchez, dilectos amigos, pese a sus profundas diferencias ideológicas; así mismo, haber defendido a Paúl Carrasco, incansable y eficiente prefecto del Azuay,   reelegido recientemente por PAIS.

Ardua y compleja la defensa de Teresita Minuche de Mera en la perversa y maliciosa acusación nacida de autoridades bancarias, así como la dolorosa quiebra de Valle Alto.

Inevitables, mi denuncia por la irrefutable alteración de la Constitución y mi demanda de inconstitucionalidad contra el Mandato Constituyente Nº1 (Junto con los doctores Hernán Pérez y Jorge Zavala Egas).

También, mi reciente demanda de daño moral en defensa de mi honor, en contra del Presidente de la República así como mi defensa pública del ingeniero Fabricio Correa en los recientes casos que son de dominio público, me han llevado a un grado de protagonismo público, en el que puede parecer difícil establecer una línea divisoria entre la opinión personal y las tesis que sustentan las defensas que he asumido.

Pese a que mi línea de pensamiento y mis tesis jurídicas han estado siempre marcadas por los mismos principios, entre los cuales la defensa de la seguridad jurídica, del debido proceso y de la presunción de inocencia constituyen motor fundamental, es evidente que las implicaciones políticas pueden tornar difícil entender cuál es el trazo de esa línea divisoria a la que me he referido, por lo que, respetuoso con los lectores y con la línea editorial de este Diario, que me abrió las puertas con desinterés, hemos convenido en hacer un paréntesis a mi presencia, en una época en la que ciertamente la libertad de expresión se encuentra en agonía gracias a los afanes totalitarios del régimen.

Me despido por ello, utilizando las mismas palabras que Raúl Vallejo utilizó el 2 de agosto de 2003 (Diario  El Comercio) en contra de otro tirano, cuando no pudo callar ante  “(…) un poder omnímodo que influye en todas las esferas de la vida pública (…) Un poder concentrado en un solo hombre al que los pusilánimes rinden pleitesía o miden sus palabras para no provocar su iracundia”, verdadero “obstáculo para nuestra democracia y el libre ejercicio de la ciudadanía.” “La institucionalidad del país está mal porque hemos permitido que ese poder omnímodo nos domine”.