El ex presidente de la Asamblea, junto a organizaciones ambientalistas e indígenas, anunció que presentará la próxima semana una demanda de inconstitucionalidad a la Ley Minera, como primera alternativa para impedir la extracción mineral a gran escala.

Una segunda opción, dijo Jorge Guamán, coordinador nacional de Pachakutik, es acudir a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), cobijados en el convenio 169, relacionado con el territorio de los pueblos indígenas, así como a las Naciones Unidas, que también reconoce el territorio ancestral.

Hasta el momento, dijo Acosta, los abogados están revisando bien la Ley Minera para emprender con los procesos de demanda.

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Según el ex funcionario, su preocupación está en el artículo 15, que habla de la utilidad pública, porque –dijo Acosta– genera una enorme inseguridad para las comunidades indígenas.

Gracias a la nueva Ley de Minería se podrán normar los territorios indígenas, los cuales incluso podrán ser declarados de utilidad pública, dando paso a la expropiación por parte del Estado, comentó.

Además, discrepa con el art. 28, que se refiere  a la libertad de prospección porque es “atentatoria a la  Constitución (...) Y en la disposición final, segundo párrafo, se mantiene el carácter de Ley Orgánica, que no es justificado, así como  elementos que no quedan claros, como el manejo del agua”.