Dos razones muy sencillas exigen proceder de esta manera. En primer lugar, quien ocupa o quiere ocupar una función pública está obligado a demostrar la limpieza de su trayectoria porque pasa a ser un empleado de la colectividad. Lo menos que puede hacer esta es exigir una hoja de antecedentes en la que no puede faltar el monto de los bienes y el cumplimiento con las normas vigentes, de manera especial con el pago de impuestos. En segundo lugar, prácticamente todos los cargos públicos tienen alguna relación con el manejo y la asignación de recursos económicos, lo que en infinidad de ocasiones se ha convertido en el arca abierta frente a la que pecan hasta los más justos.
Por ello, en cualquier país que cuente con las mínimas condiciones que exige el estado de derecho existen normas que establecen controles estrictos sobre la vida y trayectoria de los personajes que deciden lanzarse a la arena política. Un ejemplo de estos días se encuentra en la divulgación del monto del patrimonio de la familia Kirchner de Argentina, cuando el esposo dejó la presidencia que fue asumida por la esposa. Ellos no han tenido problema en reconocer que ese monto se ha incrementado en 160% en los últimos cuatro años ni han considerado la acuciosidad de las leyes y de la Comisión Anticorrupción como una persecución política. Ahí están las cuentas para que la sociedad argentina juzgue o para que la justicia se haga cargo si ese fuera el caso.
Volviendo al caso concreto, hay que considerar que si algo se le debe exigir a Álvaro Noboa es transparencia en el monto de sus bienes y de sus impuestos. No se le puede pedir ninguna otra cosa, ni formación académica, ni inteligencia, ni capacidad, porque no corresponde a su condición o a su trayectoria y además sería inútil hacerlo. Pero, si quiere ocupar un cargo público, tiene la obligación de entregar las cuentas claras. No hay persecución política en ello, ni es como para salir disparado en la bicicleta que, según lúcida explicación, fue la causa para no presentar la declaración de bienes.
