Aún no había concluido el Mundial cuando quedó claramente demostrado que no habría espacio para el aburrimiento. Para empezar, un grupo de empresarios nacionales presentó ante el Tribunal Constitucional una demanda de inconstitucionalidad de las recién expedidas reformas a la Ley de Hidrocarburos. Es obvio que, viniendo de donde viene la iniciativa, los motivos son más económicos que de observancia de ese cuerpo que con grandilocuencia llaman la Carta Magna.
Pero es innegable también que, dado que no existen compañías petroleras nacionales (la única y última cayó con un banco vinculado), los intereses y los potenciales beneficiarios están más allá de las fronteras. Sea como sea, el hecho es que la acción empresarial ha puesto en sustos al Gobierno, que no ha encontrado mejor respuesta que anunciar su decisión de convocar a una consulta popular. Esta se realizaría conjuntamente a las elecciones de octubre, de manera que, además de votar por presidente y vicepresidente de la República, por diputados para el Congreso Nacional, por consejeros provinciales, por concejales municipales, por parlamentarios andinos y hasta por miembros de las juntas parroquiales, el elector ecuatoriano tendría la palabra final sobre la constitucionalidad o la inconstitucionalidad de aquella ley.
No se puede negar que es una novedosa y creativa forma de tratar los temas legales y constitucionales. Es como para patentarla. A nadie se le había ocurrido –excepto al más modesto de los funcionarios del régimen– que basta con que algo se afirme de manera plebiscitaria para que quede demostrada su constitucionalidad. La mitad más una de las voluntades de los ciudadanos en edad de votar suman más que los pocos miembros de un tribunal cualquiera y, sobre todo, nunca se pueden equivocar porque ya se sabe lo que es la voz del pueblo.
Por encima del análisis que haga el TC estará esa voz cargada del nacionalismo que se ha despertado en las últimas semanas y al que tanto parece apreciar el estrecho entorno gubernamental. Como en los mejores tiempos del ágora griega, la mano alzada –que eso es el voto plebiscitario– expresará la honda sabiduría de la multitud. Mejor todavía si para ese momento aún permaneciera en el recuerdo el paso de la Selección por las canchas alemanas, ya que así se asegurará que la decisión popular se encamine en la dirección correcta.
Lo mejor de todo eso es que, positiva o negativa, la respuesta no servirá para nada. La consulta no tendrá más valor que el de una encuesta, con la única diferencia de que en este caso no se aplicaría a una muestra sino a toda la población que además, por ese absurdo del voto obligatorio, estaría obligada a responder. Eso sí, no se puede negar que esto pondrá algo de emoción a la campaña, que dejará de lado los buenos o malos atributos de los candidatos y empezará a girar sobre el artículo tal y el numeral cual de la Constitución. Así, todos doctos y todos sabios dirán lo que debe ser y lo que no debe ser en el orden constitucional.