No fue necesario bloquear carreteras ni tomarse instalaciones de petróleo. Bastó el carajazo del Alcalde de Guayaquil para que las máximas autoridades de dos poderes del Estado cumplieran reverentemente la orden de acudir a la reunión. Ninguno de ellos recordó que en materia de instituciones y de autoridades existe una jerarquía y que el respeto a estas es uno de los secretos de los países que gozan de democracias sólidas y estables. Pero, más allá de esto, que es un asunto de fondo y no solo de forma, la reunión dejó como gran enseñanza que se sigue tratando al tema de la seguridad desde perspectivas que no corresponden a la realidad, por tanto, que no llevan a soluciones y que el delito es el único que goza de autonomía.
De lo que ha trascendido a los medios se entiende que las autoridades allí reunidas han mantenido la idea predominante en nuestro medio de que la seguridad debe asentarse en la represión y no en la prevención. Todos los empeños están orientados a enfrentar los delitos después de que ellos se han cometido y no a impedirlos. Policías, fiscales y jueces entran en escena cuando ya se han producido los hechos, de modo que por esa vía no se puede incidir en las estadísticas que ya no toman al mes o al día sino a la hora como unidad de referencia del número de delitos. Es probable que con mayor presupuesto para la Policía y con menos corrupción en las instancias judiciales se logre elevar la eficiencia en las sanciones, pero eso no reducirá la cantidad de acciones delictivas. Nadie en todo el mundo ha logrado demostrar que el endurecimiento de penas tiene algún efecto en la reducción de los delitos. Esto no equivale a decir que nada deba hacerse en ese campo, pero sí permite sostener que en el mejor de los casos se logrará asegurar el castigo para un número de delitos igual o más alto que el actual.
Cualquier intento de enfrentar a la delincuencia debe guiarse por una concepción clara de sus causas. Aunque se diga que sobran los diagnósticos, es evidente que no hay aún una explicación sustentada y satisfactoria sobre algo tan elemental como las diferencias en cantidad y modalidad de las acciones delictivas en las diversas localidades del país. Si en Guayaquil hay más delitos que en Cuenca, o en Quito hay más que en Riobamba, sin que entre todas ellas existan diferencias sustanciales en el número de policías y en la idoneidad de los administradores de justicia, entonces hay que buscar las explicaciones en otros campos. Es probable que aquellas se encuentren en intrincadas relaciones sociales, en la manera en que se distribuye el ingreso, en modalidades específicas de exclusión o en muchas otras características propias de cada una, pero mientras no se las conozca será imposible actuar eficientemente para reducir a su mínima expresión las acciones delictivas. Mientras tanto, se mantendrá la autonomía del delito y la indefinición en las responsabilidades entre las organizaciones del Estado.
