Hace pocos días leímos que el Alcalde de Quito fue recibido por el secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan. Siendo el alcalde Paco Moncayo miembro de la Organización Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, discutió un solo punto en la agenda de la reunión en cuestión. Según la prensa, fue el deliberar sobre los aportes de las ciudades y gobiernos locales miembros de la organización, con los objetivos del milenio. Aparentemente esta es una agenda no solo inofensiva, sino altruista y noble: la erradicación de la pobreza y el hambre, la enseñanza primaria universal, la mortalidad infantil y la salud materna y autonomía de la mujer.

Debemos recordar que estamos hablando de la organización que lleva a cabo muchos programas globales de gran impacto, como los de salud en países asiáticos pobres, pero también los de Petróleo por Alimentos en Iraq, que acaban de ser cuestionados en medio de un gran escándalo. Debemos recordar además que el dictócrata ya firmó una declaración apoyando la agenda del milenio. Lo que es más difícil de creer es que el alcalde Moncayo, de muy diferente estatura –y no nos referimos a la física– haya cometido el mismo error. Este programa de las Naciones Unidas, para que tenga vigencia como convenio internacional, debe ser ratificado por el Congreso Nacional. Pero pese a que fuera firmado por Forrest Gump, es absolutamente inconstitucional. Por lo que para que sea ratificado por el Congreso, primero tendría que cambiarse la Constitución, pues dicha agenda promueve y regula el aborto, según reza parte de su declaración: “…Daremos prioridad a los esfuerzos para reducir la pobreza, la mortalidad materna y el aborto inseguro, siguiendo el manual de la Organización Mundial de la Salud, Aborto Seguro: Técnicas y Políticas guías para sistemas de salud (2003), incluyendo sus contenidos tanto en las políticas de salud pública y como en el ámbito de los derechos a la salud sexual y reproductiva”. Y como todos sabemos, el aborto en Ecuador es prohibido y penado. Es entonces inaudito que una autoridad se adhiera o apoye un proyecto internacional que viola nada menos que la más importante de las leyes del país: la Constitución, que instruye que: “El Estado les asegurará y garantizará el derecho a la vida, desde su concepción....”.
“La Ley protege la vida del que está por nacer. El juez, en consecuencia tomará, a petición de cualquiera persona o de oficio, todas las providencias que le parezcan convenientes para proteger la existencia del no nacido, siempre que crea que de algún modo peligra”.

Siendo generosos, llamaríamos a esto, sino irresponsabilidad política, ignorancia.
Habrá que recordarle además a nuestros políticos que esta declaración va a ser ejecutada entre otras instituciones, por una fundación que recibe y recibirá muchos fondos públicos y privados, cuya fundadora declaraba que “lo mejor y más misericordioso que puede hacer una familia pobre para con sus hijos es eliminarlos. Más temprano que tarde, si algunos políticos poco responsables siguen adelante con esta agenda, le tocará al Congreso frenarla o violar la Constitución. Habrá que estar alertas.