Es poco probable que los estadounidenses enfrenten alguna vez a la Corte Penal Internacional, ya que esta debe centrarse sobre los crímenes de guerra más abominables, como genocidio sistemático donde los sistemas judiciales hayan demostrado su incapacidad.

Tres años atrás, el gobierno del presidente George W. Bush empezó a acicatear a los países para que protegiesen a los estadounidenses de la incipiente Corte Penal Internacional en La Haya, el primer tribunal permanente para la persecución de crímenes como el genocidio.

Desde entonces, Estados Unidos ha cortado la ayuda a cerca de 24 naciones que se negaron a firmar acuerdos de inmunidad que, a decir de oficiales estadounidenses, tienen el propósito de brindarles protección a soldados y legisladores estadounidenses de que se los persiga por motivos políticos.

Para el gobierno de Bush, esas reducciones son el precio que pagaron por negarse a apoyar a Estados Unidos en un área en la que podría ser vulnerable, sobre todo si se considera cuán extendidas están por el mundo sus fuerzas militares.

Los recortes Latinoamericanos
Doce países han sido penalizados en América Latina y el Caribe, en ellos, los recortes están generando fuertes resentimientos hacia lo que se considera una diplomacia de mano dura, según opinaron funcionarios y diplomáticos de siete países.

Algunos funcionarios estadounidense también están dudando de esa política, al tiempo que dirigentes políticos y militares se quejan de que los recortes están despilfarrando la buena voluntad y dañando la cooperación en otras áreas importantes, como la lucha contra las drogas y el terrorismo.

En su testimonio ante el Congreso estadounidense, en marzo, el General Bantz J. Craddock, comandante de las fuerzas armadas de Estados Unidos en América Latina, dijo que las sanciones habían excluido a oficiales latinoamericanos de programas de entrenamiento norteamericanos y eso pudiera permitirle a China, que busca mejorar sus lazos militares con América Latina, llenar ese vacío.

La mayoría de las penalizaciones, delineadas en una ley que entró en vigor en el 2003, han revestido la forma de recortes en el entrenamiento castrense y otras formas de ayuda para la seguridad. Sin embargo, una iniciativa del presupuesto aprobada en diciembre permite nuevos recortes en programas sociales y de salud, como educación sobre el sida, mantenimiento de la paz, ayuda para refugiados y reformas judiciales.

Si bien los montos a menudo son una nimiedad para Washington, su pérdida se está sintiendo en países pequeños, los cuales han empezado a expresar su resentimiento.

En un exabrupto en junio, el presidente de Ecuador, Alfredo Palacio, declaró a una estación de televisión en Quito que él no cedería a Washington. “Absolutamente nadie me va a intimidar”, aseguró.

Su nación tiene una de las mayores bases militares de Estados Unidos y se ha vuelto cada vez más importante como área dedicada a la vigilancia estadounidense, desde el tráfico de cocaína hasta el tráfico ilegal de inmigrantes. Ecuador ha perdido 15 millones de dólares desde el 2003 y podría perder otros 7 millones de dólares este año.

Penalización Internacional
Cuando los 18 jueces que conforman la Corte Penal Internacional rindieron juramento en marzo del 2003, el tribunal fue respaldado por 139 países y sus partidarios lo anunciaron como el proyecto más ambicioso del derecho internacional en tiempos modernos.

La intención era que esta reemplazara a los tribunales ad hoc que fueron organizados para abordar las atrocidades en sitios como Yugoslavia, Ruanda y Sierra Leona. Este año, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, con la abstención de Estados Unidos, dio su aprobación a la Corte para que entablara casos relacionados con atrocidades cometidas en Darfur (Sudán).

Muchos jurisconsultos dicen que es poco probable que los estadounidenses enfrenten alguna vez a la Corte, ya que esta debe centrarse sobre los crímenes de guerra más abominables, como genocidio sistemático. La Corte además tiene el objetivo de  procesar crímenes que se hayan cometido en países donde los sistemas judiciales hayan demostrado su incapacidad. Por último, existen salvaguardas que les dan jurisdicción a las propias fuerzas armadas y tribunales civiles de Estados Unidos sobre ciudadanos estadounidenses.

No obstante, funcionarios del gobierno de Bush y del Departamento de Estado, afirman que aun así la Corte podría tomar medidas en contra de un oficial estadounidense si, por ejemplo, determinase que una corte estadounidense no pudo actuar.

“El riesgo para Estados Unidos no abarca solo a los efectivos militares sino que incluye a legisladores”, dijo un oficial de alto rango en el Departamento de Estado, quien recibió autorización para hablar solo de asuntos estratégicos y bajo la condición de mantener el anonimato. “No estamos alucinando sobre la posibilidad de que nuestros oficiales estén en riesgo”.

“La idea es que la Corte tenga la oportunidad de rectificar si no está satisfecha”, agregó el mismo oficial.

Según Bruce Broomhall, director del Centro para el Estudio de Derecho Internacional y Mundialización de la Universidad de Québec, en Montreal,  para que la Corte actúe en contra de un presunto criminal de guerra, el fiscal debe convencer a los jueces de que el país de origen estaba “protegiendo al individuo en cuestión de alguna responsabilidad penal”.

De cualquier forma, dijo Broomhall, existe un “atisbo” de argumento en las inquietudes del gobierno de Bush. “Si el crimen fuese organizado y se tratase de un crimen contra la humanidad, entonces podría caer en la jurisdicción de la Corte”, añadió.

Otros, como Richard Dicker del grupo Human Rights Watch, reconocen que existen países que pudieran querer que dicha Corte sea usada “como un arma política”.

“Lo que está en debate”, dijo Dicker, Director de Justicia Internacional del grupo, “es qué clases de salvaguardas son necesarias para impedir distorsiones así. Estados Unidos ha adoptado una solución adversa al estado de Derecho al decir: como somos el Estado más poderosos del mundo, crearemos una justicia de dos niveles".

George Nethercutt, ex integrante republicano del Congreso estadounidense por el estado de Washington, reconoció que es pequeña la posibilidad de que un estadounidense enfrente cargos ante la Corte Internacional. Pero dijo también que la presión sobre los países para que firmen los acuerdos “no dio la impresión de ser algo que no esperasen”, dado que la ayuda estadounidense no es un derecho, sino que viene con sus condiciones.

En contra de Bush
Opositores en el Congreso, sin embargo, califican los esfuerzos de este gobierno estadounidense como parte de una política que hace más daño que otra cosa.

“Presionamos de manera constante a otros países, hasta el punto en que eso provoca una reacción negativa que nos lastima, nos afecta en términos militares, daña nuestras relaciones comerciales y nos afecta políticamente”, dijo el representante demócrata de Massachusetts, Bill Delahunt.

Funcionarios de Bush le restan importancia al componente punitivo de su estrategia y anotan que se han firmado más de 100 acuerdos de inmunidad.

No obstante, partidarios de la Corte Penal Internacional dicen que la mayoría de esos acuerdos han sido firmados por países pobres, que dependen considerablemente de la ayuda de Washington. En cambio países aliados de la OTAN como Gran Bretaña y Alemania han sido eximidos de las penalizaciones, lo que también ha ocurrido con países ricos como Australia y Japón.

Los parlamentos de aproximadamente dos tercios de los países que han firmado los acuerdos, luego no los han ratificado, lo que hace dudar de su legalidad, destacó la Coalición por la Corte Penal Internacional, que apoya al tribunal.

En total 53 países, desde Kenia hasta Ecuador, pasando por varias naciones europeas, se han negado a firmar los acuerdos, aduciendo que el esfuerzo de Washington socava su compromiso con la Corte. Unos, como Paraguay y Dominica, cedieron más tarde a la presión de Estados Unidos y firmaron los acuerdos.

En América Latina, para los gobiernos de izquierda que llegaron al poder en años recientes rechazando las políticas económicas de Estados Unidos, ha resultado particularmente difícil digerir los acuerdos de inmunidad y las sanciones.

“Es una política contradictoria e ingrata”, dijo Luis Hernández, coronel ya retirado del Ejército de Ecuador y educado en el Colegio de Guerra del Ejército de Estados Unidos.

Registros del presupuesto estadounidense muestran que Uruguay, cuyo nuevo gobierno de izquierda se negó a firmar un acuerdo de inmunidad, ha perdido 1,5 millones de dólares desde el 2003. Costa Rica ha perdido aproximadamente 500.000 dólares, y la inestable Bolivia ha perdido 1,5 millones de dólares.

Aunado a lo anterior, el programa estadounidense de Educación y Entrenamiento Militar Internacional, que paga para que oficiales castrenses de Latinoamérica estudien en Estados Unidos, ha eliminado de sus listas a 770 oficiales por año dentro de una clase promedio de 3.000, dijeron oficiales militares.

La mayoría de las naciones que han perdido dinero carecen de él, como Dominica, isla caribeña que perdió 400.000 dólares y con eso fue incapaz de operar la única embarcación que posee la Guardia Costera por dos años. Eso significó que no hubiese patrullajes en busca de drogas o de pescadores perdidos en el mar, anotó Crispín Gregoire, Embajador de Dominica ante Naciones Unidas.

“Nuestra economía no estaba en su mejor momento”, dijo. “El gobierno decidió ceder y terminamos firmando”.

Perú, cercano aliado del gobierno de Bush, ha perdido aproximadamente cuatro millones de dólares. “¿Sientes los recortes?, sí”, dijo el congresista Luis Ibérico, presidente del comité que supervisa el gasto militar y la campaña en contra de las drogas. “Se trata de pequeñas cantidades, pero con todo y eso, son necesarias para apoyar a nuestro personal militar”.

Con lo doloroso que son los recortes, muchos países aseguran que no cederán a la presión estadounidense.

“No vamos a cambiar nuestros principios por ninguna suma de dinero”, afirmó Michael I. King, embajador de Barbados ante la Organización de Estados Americanos. “No vamos a rendirnos por 300.000 dólares en fondos para entrenamiento”.

Muchos funcionarios argumentan que hay tratados que protegen a los soldados estadounidenses. Los nuevos acuerdos van demasiado lejos, aseguran, al proteger además a turistas y contratistas que no tienen la nacionalidad estadounidense pero que trabajan para empresas estadounidenses.

En Colombia, donde las fuerzas armadas de Estados Unidos han rotado 8.000 soldados en los últimos cinco años, un nuevo acuerdo de inmunidad molestó a algunos oficiales. Colombia ya tenía un tratado de 1974 que protegía a soldados estadounidenses de cargos penales.

“Estos tratados dicen que todos en Colombia deben respetar la ley, indígenas, chinos y colombianos”, anotó el senador colombiano Jimmy Chamorro; “Todos, excepto los estadounidenses”.

© The New York Times News Service.