Hace tres días, en esta página, mi amigo y colega Nicolás Parducci escribió sobre una de las varias razones que demandan la implantación del sistema de distritos electorales para las elecciones populares de cuerpos colegiados. Por ejemplo, para la elección de los diputados o representantes populares al Congreso Nacional. Decía, en síntesis, que así cada ciudadano podría elegir y mantener luego una relación personalizada y directa con “su” diputado. Estoy de acuerdo. Y me excusará si me permito colocar otrosí –como decimos los abogados– a su escrito. Si añado sucintamente en este artículo otras razones tan importantes –a lo menos– como aquella, para demandar la implantación del sistema de distritos electorales en Ecuador.

Estas otras razones son la necesidad de promover la presentación individual de mejores candidatos; y, al mismo tiempo, la de cuadyuvar a la reconformación y el fortalecimiento de mejores partidos políticos, imprescindibles en una auténtica democracia. Necesitamos pocos partidos, que sean realmente representantes de las grandes tendencias políticas, pero no por disposición arbitraria o fantasiosa de ninguna ley, sino como resultado de las tendencias predominantes manifestadas en las urnas a lo largo de los años. Como ha resultado en Gran Bretaña, en Estados Unidos y ahora en Chile, países donde, con las variantes propias de cada realidad, funciona el sistema de los distritos electorales.

Si la elección se hace por distritos electorales y de modo individual, los grupos ciudadanos, movimientos o partidos políticos patrocinantes tratarían de poner, en cada caso, al mejor candidato individual posible, sin requisito de afiliación partidaria, aunque dentro del amplio espectro de su tendencia política. Para esto y en concordancia con la realidad sociológica ecuatoriana, cualquier ciudadano apto, oriundo o residente de un cantón, por ejemplo, debería poder ser inscrito como candidato a concejal municipal en cualquier distrito electoral del mismo cantón. Si lo eligen o no lo eligen, es cosa que compete decidir exclusivamente a los votantes del distrito electoral ante los cuales se presenta y hace campaña.

Lo dicho en el ejemplo anterior es aplicable a los demás casos de elecciones populares de cuerpos colegiados en Ecuador, adaptándolo obviamente a los ámbitos correspondientes. Así, para la elección de consejeros provinciales, el origen o residencia exigible debería ser el de la correspondiente provincia. Y también para la de diputados al Congreso Nacional, mientras estos –de acuerdo con la realidad sociológica y la división política del Ecuador– sigan siendo provinciales. Para todo lo cual se requiere un nuevo, bien pensado y detallado sistema, que tenga por base los distritos electorales y el número de concejales, consejeros y diputados que corresponda. Algo que no cabe en la presente y sucinta aproximación.

Un sistema así coadyuvaría a la reconformación y al fortalecimiento de mejores y pocos partidos políticos, como lo ha demostrado la experiencia histórica en diversos países democráticos. Un sistema que para nosotros debería ser, obviamente, a la ecuatoriana. Poco a poco se irían imponiendo democráticamente solo dos o tres, quizá alguna que otra más, tendencias políticas, pues en cada pequeña parcela electoral ganaría cada vez una sola tendencia. Sin perjuicio de su alternabilidad. Y sin que se impida que entren al correspondiente cuerpo colegiado a elegirse, por la vía de los diversos distritos electorales, distintas tendencias y partidos políticos.

Estoy de acuerdo con implantar en nuestro país el sistema de los distritos electorales. Pero haciéndolo bien. De otro modo sería un ejercicio vano o, pero aún, desastroso: una frustración más a las sucesivas que nos vienen empujando casi al borde de la anarquía, donde ahora nos encontramos.