Polémica entre petrolera argentina CGC y el pueblo de Sarayaku por trabajos en bloque 23

La empresa petrolera argentina Compañía General de Combustibles (CGC) denunció la paralización del contrato celebrado hace nueve años con el Estado ecuatoriano  para la exploración y explotación de un campo en la Amazonia.

“Hace nueve años firmamos un contrato con el Estado ecuatoriano y el Estado no aparece. Está como si el presidente Kirchner nos hubiese firmado un contrato para explotar petróleo  en las islas Malvinas”, dijo Diego Sherriff, representante de comunicación de la empresa a la agencia de noticias ANSA.

Según Sherriff, algunas familias de las 28 comunidades indígenas asentadas en el campo petrolero y que se oponen al inicio de las actividades de CGC, se han constituido en un  Estado paralelo.

Agregó que el Gobierno  comprendió este problema y CGC aguardará a que actúe ya que el  presidente Gutiérrez y su Ministro de Energía  crearon una comisión para tratar este tema y ha establecido como “cuestión de Estado”.

Recordó que la  empresa argentina inició su labor en 1996 en  Ecuador y firmó un contrato de participación con el país en la provincia de Pastaza, en el bloque 23, a 200 kilómetros al suroeste de Quito.

Además dijo que han sufrido el secuestro de 29 de sus  trabajadores y varios atentados entre 1997 y el 2003.

Por su parte, dirigentes del  pueblo kichwa de Sarayaku pidieron la salida del país de la empresa CGC y denunciaron que el Gobierno ecuatoriano y sus autoridades han incumplido con la resolución dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el 6 de julio del 2004.

Mediante esta resolución se ordenaba, entre otras cosas,  proteger la vida, la integridad física y psíquica de los miembros de este pueblo indígena, así como iniciar los procesos judiciales  para establecer las responsabilidades y dar con los culpables de los diferentes actos delictivos que se han dado en contra de Sarayaku.

Marlon Santi, presidente de la comuna de Sarayaku, indicó que “el Gobierno solamente quiere proteger a una transnacional petrolera que ha violado nuestra Constitución y nuestra ley, así como tratados internacionales”.