El organismo encargado de vigilar la conducta de los jueces y funcionarios judiciales, el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), aprobó alrededor de mil resoluciones en el año 2004.
Aunque no existen cifras globales de este año, según las estadísticas oficiales del CNJ, de enero a septiembre se aprobaron 824 resoluciones; mientras que de junio a noviembre llegaron a 507.
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En el primer caso, en las 824 se incluyen 461 causas desechadas, 117 absoluciones, 120 amonestaciones, 70 multas, 11 destituciones, 39 suspensiones a judiciales de todo nivel y ocho archivos de causas. Es decir que en total se sancionó a 240 personas de la Función Judicial (29%).
En el segundo periodo, de las 507 resoluciones hubo 278 causas desechadas, 91 absoluciones, 43 amonestaciones, 58 multas, 12 destituciones, 17 suspensiones y 9 causas archivadas; en total, 130 sancionados.
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El secretario ejecutivo del CNJ, Olmedo Castro, reconoció que el trabajo del Consejo tuvo un éxito relativo pese a los problemas existentes en el trámite de las quejas.
El 21 de diciembre pasado, los ocho vocales del Consejo terminaron su periodo de funciones de seis años. A la Corte Suprema de Justicia (CSJ) le corresponderá designar a los nuevos miembros del CNJ, tras la vacancia judicial que finalizará el 6 de enero.
Al hablar de la labor del CNJ, organismo creado con la nueva Constitución de 1998, el ex presidente de la Comisión de Recursos Humanos del Consejo, Tomás Torres, destacó la aprobación del reglamento de disciplina (que permite la autodepuración en la Función Judicial, a excepción de los magistrados de la CSJ) y la defensa de la carrera judicial, como dos de los puntos más importantes.
También se normó la convocatoria a concursos de merecimientos para llenar vacantes, se impulsó la evaluación de los jueces y se creó la escuela judicial, agregó.
Los seis años de funcionamiento del Consejo Nacional de la Judicatura constituyen para Castro un cambio total en la administración financiera y manejo de personal en la Función Judicial.
Proceso en el que, según afirma, se aplicó la filosofía que permite liberar al juez de las tareas administrativas para que se dedique a juzgar.