Haría bien el Gobierno en preguntarse de qué le sirve y cuánto le puede durar el triunfo que acaba de obtener. Hasta hace unas semanas su objetivo central y único era comprar tiempo para mantenerse los dos largos años que aún le quedan por delante.
Esa desesperación lo llevó a pactar indistintamente con quien aparecía por ahí, lo que ya pudo ser suficiente para evaluar los costos que tiene cada una de esas operaciones de entendimiento con partidos o con individuos aislados. Debió bastar también para medir los riesgos que se abren a partir de cada uno de esos acuerdos. Los instrumentos para esa evaluación y para esa medida los tuvo el anterior Ministro de Gobierno y le sirvieron para superar con éxito –sin hipotecar al régimen y sin afectar a la institucionalidad del país– varias crisis que aparecían como terminales. La gran diferencia con el último resultado está precisamente en la condición en que ha quedado el Gobierno y en los efectos que tendrá sobre el ordenamiento constitucional.

En este último aspecto, es innegable que se ha dado un paso temerario. Las decisiones tomadas por la coyuntural y apretada mayoría gubernamental han hecho saltar por el aire lo poco que quedaba de normas y procedimientos que pudieran servir para asegurar que existía un régimen democrático y un ordenamiento jurídico. Si ya en dos ocasiones anteriores se dieron golpes de Estado maquillados con soluciones aparentemente constitucionales, en esta ocasión se ha ido más lejos cuando se ha instaurado la voluntad de las mayorías simples para alterar la composición y el equilibrio de los poderes del Estado. De aquí en adelante esa será la norma y no habrá quién pueda oponerse a cualquier decisión que se tome de esa manera. Si alguna vez se ha hablado de inseguridad jurídica, esta es su más clara y cruda manifestación. La estabilidad del Gobierno ha sido comprada a costa de la inestabilidad jurídica e institucional y del retorno a los peores tiempos de politización de la justicia.

En cuanto a la condición en que queda el Presidente y su gobierno, los números aparecen en rojo. Si hasta ahora era un ente débil que andaba en busca de una cuerda a la que aferrarse para evitar la caída al precipicio, ahora está enredado y amarrado por la misma soga que aparentemente lo sostiene. No solo está acogotado por el PRE, que mal que bien es un partido y puede proporcionarle sustento, sino que uno de los extremos de la cuerda está en manos de los múltiples traficantes de la política que saben bien cuánto pesa y cuánto vale cada uno de sus votos. Con Corte de Justicia y Tribunal Constitucional propios, el Gobierno tiene menos margen de acción que cuando no disponía de nada de eso, por la simple razón de que no debía favores.
Ahora tiene que cumplirles a sus aliados, y ninguno de ellos es de los que aceptan pagarés. Solo les basta apretar un poco para que la soga haga el resto.