El presidente colombiano Álvaro Uribe ha dicho que “quienes busquen evitar” la extradición necesitan “demostrar buena fe y la voluntad de enmendar su forma de actuar ante la comunidad internacional”.
Al inicio de noviembre, el gobierno colombiano hizo alarde con respecto a la extradición, todas en un solo día, de trece presuntos narcotraficantes a Estados Unidos. Antes de que terminara ese mes, el gobierno del presidente Álvaro Uribe había entregado a otro grupo compuesto por quince colombianos, que enfrentan cargos de tráfico de cocaína y lavado de dinero, a agentes antidrogas de Estados Unidos.
Más tarde, ya entrada la noche del viernes pasado, el premio mayor de todos, Gilberto Rodríguez Orejuela, de 65 años de edad, de quien se dijo que es el magnate más poderoso de la cocaína que haya sido extraditado, fue puesto abordo de un vuelo de la Dependencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) con rumbo a Miami. Oficiales estadounidenses, desde el procurador general, John Ashcroft, hasta fiscales federales en Nueva York y autoridades del Departamento de Seguridad Territorial, elogiaron la extradición.
Pero eso no fue ninguna sorpresa.
El gobierno de Uribe ha extraditado a más de 170 sospechosos de narcotráfico hacia Estados Unidos, lo cual supera el total combinado de otros gobiernos desde 1984, cuando el billonario de la cocaína Carlos Lehder fue transportado a Florida.
El gobierno de Colombia ha estado usando las extradiciones como una palanca política tanto en sus negociaciones por el desarme con algunos comandantes de paramilitares pertenecientes a la derecha política como en su esfuerzo con miras a convencer a reacios grupos de rebeldes marxistas de entrar en negociaciones. Comandantes en ambas partes son buscados en Estados Unidos bajo cargos de narcotráfico.
En una región marcada por un creciente sentir antiestadounidense, Uribe se ha convertido en el aliado más cercano del presidente George W. Bush y ha demostrado que está más dispuesto a extraditar a colombianos acusados de narcotráfico.
Las extradiciones llegan al tiempo que un intensivo y multimillonario programa antidrogas, respaldado por Estados Unidos, en su mayor parte en la forma de la defoliación de cultivos de drogas, entra a su quinto año.
Aparejado con mayores esfuerzos de interdicción y extradición, la iniciativa ha dado origen a niveles históricos de incautaciones de drogas y arrestos, aunado a un marcado descenso en las dimensiones de los vastos campos de coca en Colombia, el cultivo que se usa para producir la cocaína. Con todo, eso no ha llevado a una menor pureza de la cocaína o precios más elevados en las calles estadounidenses. Esto intriga a oficiales antinarcóticos, quienes arguyen que los resultados se sentirán en poco tiempo.
Pero, cualesquiera que sean las ramificaciones de la política de extradición para el narcotráfico, el gobierno de Uribe aún la ha considerado de utilidad con fines políticos.
El presidente Uribe ha dicho que la “extradición, en todo su rigor, será aplicada a quienes no estén en un proceso de paz”, en referencia a las guerrillas. Sin embargo, el gobierno está dispuesto a mostrar flexibilidad hacia la liberación de víctimas de secuestro, incluyendo a tres ciudadanos estadounidenses que están detenidos por los guerrilleros.
Con los paramilitares, el tema de la extradición se ha tornado más espinoso, así como políticamente cargado.
En público, el gobierno de Uribe y Estados Unidos han declarado que los comandantes pueden ser extraditados incluso cuando las conversaciones estén en marcha.
Sin embargo, el comisionado de la paz de Uribe, Luis Carlos Restrepo, en fecha reciente dio indicaciones a comandantes paramilitares en cuanto a que el gobierno podría ser flexible en lo tocante a la extradición, según transcripciones de conversaciones de paz que fueron obtenidas por la revista colombiana Semana.
Asimismo, Estados Unidos ha dicho que si bien desea la extradición de comandantes, depende de Uribe tomar la decisión en casos individuales. El presidente colombiano ha dicho que “quienes busquen evitar” la extradición necesitan “demostrar buena fe y la voluntad de enmendar su forma de actuar ante la comunidad internacional”.
Eso ha hecho surgir la irritación de personas como Gustavo Petro, congresista tendiente a la izquierda, quien argumenta que el gobierno y Estados Unidos se están mostrando suaves hacia los comandantes paramilitares, aun cuando el gobierno del presidente Bush cataloga a la mayoría de ellos como grandes narcotraficantes.
“El gobierno de Estados Unidos ha escalado las extradiciones de viejos ‘mafiosos’ que actualmente están fuera del negocio o siguen en él en pequeña medida”, destacó Petro. “Y han sido laxos en contra de los grandes narcotraficantes que están sentados a la mesa de negociaciones”, agregó, en referencia a paramilitares enfrascados en pláticas con el gobierno de Uribe.
© The New York Times News Service.
