En el ejercicio de la democracia restringida, tres factores confluyen de manera determinante: la legitimidad, la representatividad y la gobernabilidad.

Por acciones u omisiones estos factores han incidido en la inestabilidad del sistema democrático en los últimos 25 años, y son, aunque nos pese, caldo de cultivo de una crisis institucional que se deteriora con el paso del tiempo.

Lo curioso es que gobiernos legítimos, nacidos de la soberanía popular, como decía Velasco Ibarra, se deslegitiman por causa de decisiones que no afirman el estado de derecho; que supuestamente representan al país y a sus instituciones, pero asumen, en la práctica, posiciones diferentes a las ofertas de campaña y en ocasiones contrarias al bien común, pues apuestan por parcelas partidistas desde el poder; es decir, son representantes que no representan, o si lo hacen, se representan a sí mismos y a sus intereses políticos de corto plazo. Y como consecuencia, la gobernabilidad se torna difícil, conflictiva y sin rumbo cierto.

Los dramas del país político se explican, de algún modo, por los factores mencionados, a los que se unen la falta de liderazgo que articule un proyecto nacional consistente, y una energía aglutinadora de esfuerzos y sacrificios para emprender un proceso querido y sentido por todos.

Los conflictos –unos reales y otros aparentes– esterilizan al país, que afronta de tiempo en tiempo noticias-escándalo, que disfrazan o entretienen a cierta clase política, que no tiene una agenda consistente y que vive de las circunstancias que ofrece un sistema fraccionado por intereses en juego, donde la inmediatez hace perder de vista los intereses nacionales.

Son ejemplos –o malos ejemplos–, para citar unos pocos: la visita negada y luego confirmada del señor Presidente a Abdalá Bucaram; el supuesto acuerdo de creación de una comisión de juristas para analizar su caso; la crisis de Galápagos, por la designación inoportuna de un director del parque; la campaña del señor Presidente a favor de su partido; el cambio no avisado en el SRI y la AGD; los entredichos entre dos canales de televisión, que defienden posiciones particulares, mientras se deteriora la confianza; la anunciada confesión judicial para los periodistas que publican medias verdades...

En suma, tiros al aire o globos de ensayo peligrosos que no dicen nada o muy poco sobre los grandes temas que reclama con urgencia el Ecuador: las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, una ley moderna para el sector eléctrico, reglas de juego claras para los sectores petrolero y aduanero, una nueva ley orgánica de educación, desarrollo de proyectos sociales sustentables, activación del aparato productivo, un presupuesto financiado para el 2005, extradición de los corruptos, una política de comunicación coherente con las demandas nacionales, entre otros.

Vivir bajo el paraguas de un petróleo caro, que se mantiene por obra de la guerra y de otros agentes políticos; gobernar de la mano de indicadores macroeconómicos, con la tutela de los organismos multilaterales; y convivir con suerte en el frente interno, con los mismos grupos a quienes combatió en la campaña presidencial, en aras de una precaria estabilidad; son las estrategias de un país politizado y fraccionado, sumido en los dramas cotidianos que aparecen y desaparecen, mientras lo esencial, es decir, la supervivencia de la mayoría, sigue igual.