Hay un aspecto que podría parecer irreverente al momento de interpretar el reciente desafuero del ex dictador chileno Augusto Pinochet, luego del estrecho fallo que, con un voto de diferencia, permitió despojar de inmunidad al polémico militar, en el proceso que se sigue por la desaparición de cientos de personas relacionadas con la aplicación de la siniestra Operación Cóndor.

La tesis que se sugiere tiene que ver con la importancia que en los actuales momentos se otorga a la prelación de ciertos tipos penales. Nadie duda, a estas alturas, que Pinochet estuvo implicado seriamente en la aplicación de un proceso que permitió la ejecución de muchísimas personas, pero recién ahora se conoce que esa aureola de incorruptible que adornaba al dictador no era tal, especialmente luego de los indicios que otorgan las millonarias cuentas del Banco Riggs. Surge entonces la tentadora pregunta: ¿Si no se hubiesen revelado las cuentas de Pinochet en el banco estadounidense, igual se hubiera animado la Corte Suprema chilena a despojarlo de su inmunidad, luego de años de un proceso legal tan manipulado y sujeto a presiones y pasiones políticas?

La respuesta puede ser esquiva y la conclusión, lamentable, ya que según ciertos analistas, si las cuentas de Pinochet no hubiesen salido a la luz pública, muy posiblemente su desafuero no se hubiese producido, lo cual en términos de puro derecho podría parecer una barbaridad, ya que eso significaría que son los indicios del enriquecimiento ilícito los que provocan la decisión de la Corte chilena y no los excesos cometidos por Pinochet durante su gobierno dictatorial. Es decir que estamos asistiendo, como ya lo señalaba, a un desajuste en cuanto a la dimensión de las responsabilidades delictuales, porque más allá de que las posibilidades del enriquecimiento sin justificación, agraven la situación legal de Pinochet, ciertamente su responsabilidad principal está marcada por delitos más graves.

Hace algunas semanas, un escritor colombiano hacía referencia a una situación que, aparte de su diferente contexto, guarda también relación con el asunto de la gravedad de los delitos; señalaba el referido escritor que en la necesaria y lógica lucha contra el narcotráfico, se había dimensionado de tal manera dicho delito, que muchos otros, más graves y siniestros, como lo eran las matanzas de inocentes campesinos a costa de los paramilitares o de las FARC, quedaban relegados no solo ante la opinión pública sino incluso ante la propia administración de justicia. En el caso chileno, Pinochet tiene cuentas por responder respecto de la Operación Cóndor y son esas cuentas, no las del Banco Riggs, las que precisamente debieron haber permitido su desafuero.

El enriquecimiento ilícito de Pinochet, en el caso de probárselo, es un delito grave pero no más que el de haber propiciado la muerte de personas, solo por su convicción ideológica. Las cuentas del Banco Riggs llevan su nombre. Más importante resultará siempre ponerle nombre al dueño del paredón.