En sus dos últimas conferencias, en Seattle y Cancún, la humanidad, representada por la Organización Mundial de Comercio (OMC) que asocia 148 países, no ha logrado obtener que los países ricos rebajen los subsidios a sus agricultores, necesidad principal de los países pobres que lo único que pueden vender, para sobrevivir, son productos agrícolas.
¿En qué medida se comprende que un Estado industrial ayude a sus agricultores? La ayuda se justifica en la necesidad de asegurar a su población acceso a los alimentos, con mayor razón si es una potencia militar, garantizando, a sus agricultores, utilidad cierta que los aliente a labor tan esforzada, y a la población, productos asequibles, para que no sean víctimas de precios arbitrarios. Mas, ¿en qué momento este justificado respaldo deviene en crimen contra la humanidad? En el momento en que, por ejemplo, los algodoneros norteamericanos, ya satisfecha la necesidad local, ofrecen sus excedentes al mundo exterior a un precio falso, resultante de la ayuda de su gobierno, y compiten en ventaja, desplazando el algodón de los países pobres, arruinándolos. Lo que es aborrecible es el subsidio a la exportación. La solución está en consagrar que el subsidio tiene límites: un Estado no debe subsidiar si le es posible obtener un producto más barato de otro país confiable; y si debe ayudar a un sector agrícola, puede hacerlo hasta alcanzar la medida necesaria para satisfacer la necesidad nacional o local. No solo carece de ética que un Estado permita que una minoría de sus ciudadanos, malversando el impulso inicial del subsidio y sin necesidad de su población, salgan en estampida fuera de su territorio para arruinar a otra nación y peor a un continente.
También es una cuestión de utilidad que los estados inventores permitan a los estados agricultores venderles sus frutos, porque es la única forma en que estos dispondrán de dinero para comprar las invenciones. Claro que lo ideal sería que el mundo se distribuyera en dos geografías nítidas, como ocurriría entre dos hermanos, uno inventor y otro agricultor, despreocupándose el primero de la alimentación –para concentrarse en laboratorios, máquinas y cálculos–; asumiendo el segundo la integridad de la siembra.
El fracaso resulta en parte de que la OMC, en contraste con la ONU, reconoce a cada miembro derecho al veto, respecto de cualquier aspecto de cualquier negociación, cuando el veto debiera detentarse en función de otras consideraciones, y este derecho, que luce como una conquista democrática, resulta contraproducente, no solo en lo económico sino en lo político: para reformar los procedimientos de la OMC, calificada como “medieval”, cuyas reglas no soportan el peso de sus tareas. No obstante que la agricultura representa apenas el 10% del comercio mundial, Europa, la mayor subsidiaria, ha sido inflexible y “merece culpa adicional por tratar de presionar a los países pobres –condicionando el tema del subsidio– a negociar nuevas reglas relativas a inversión, competencia, contratos gubernamentales y facilidades comerciales”. Ha emergido el G-22, comandado por Brasil, China e India, que incluye a Ecuador, para luchar contra los subsidios. El fracaso de la OMC conduce a contratos binacionales que EE.UU. está alentando. ¿Por qué Ecuador no negocia uno de estos enseguida?
P.D. Ecuador demanda que el seguro privado compita con el IESS, que podamos elegir entre dos, pero no que existan dos seguros públicos siameses: los del IESS y del Municipio.
