La socorrida gobernabilidad de la que se habla con gran frecuencia está dada en función de la posibilidad de que el gobernante pueda conducir al país de acuerdo con sus planes y programas, sin otros obstáculos que no sean los que confrontan todas las democracias del mundo, entre los que se encuentra naturalmente la oposición. Pero en el Ecuador hay que añadir a todo el elenco de complicaciones aludidas, las que provienen de los embrollos no resueltos en actividades clave de la nación y que se transmiten de un gobierno a otro precisamente por eso, es decir, por la falta de un remedio que cure el mal.
Desde hace varias décadas se habla de los problemas del magisterio y de los productores bananeros sin que ningún gobierno haya encontrado la fórmula ideal para solucionar ambos conflictos, con la diferencia de que en el caso de los profesores cualquier arreglo siempre se dificulta porque responden –por lo menos su directiva gremial, la de hoy y las de antes– a las consignas de un partido político, mientras que los agricultores fruteros no tanto, por lo menos a la fecha. Como de manera cíclica el gobierno no les paga sus salarios a los primeros, y los exportadores de banano no les cancelan el precio justo a los segundos, ambos recurren a los consabidos paros que tienen asfixiado al país.
Si a las dificultades usuales que afronta cualquier gobierno para atender las necesidades de la población, pues generalmente adquiere más compromisos que los que puede cumplir; si las denuncias de corrupción aparecen cada día y si cada nueva denuncia empequeñece a la anterior; si la inseguridad jurídica es un fenómeno real y por el momento insuperable; si la palabra presidencial ha sufrido una erosión; si no existe coherencia y un plan de gobierno que conozcamos todos los ecuatorianos para saber por dónde vamos a transitar en el futuro; y si a todo ello se suma el cierre de calles y carreteras impidiendo la circulación normal de ciudadanos y de vehículos, estamos en un país donde la gobernabilidad está ausente. ¿Cómo pretendemos mejorar los ingresos fiscales y crear empleos o generar trabajo? En esas condiciones, imposible; lo que significa que la situación en general de la nación y los niveles de vida de la población se deterioran cada día más.
Pero regresando al conflicto por el precio del banano, se trata realmente de un caso singular porque no se encuadra dentro de una situación ordinaria entre productor y consumidor, o del libre mercado absoluto, o de aplicar la ley no escrita de la oferta y la demanda. Por consiguiente, merece también un tratamiento especial, muy imaginativo, que no perjudique a ninguna de las partes para que las dos se sientan cómodas negociando y generando riqueza.
La Constitución dispone que el Estado debe promover el desarrollo de actividades y mercados competitivos, impulsar la libre competencia y sancionar las prácticas monopolistas, pero hay que dejar claro que en la compra del banano para su exportación no hay técnicamente un monopolio sino aquella figura que los economistas ilustrados llaman oligopsonio y que se define como la situación comercial en que el número de compradores de determinado producto es muy reducido. Eso es exactamente lo que ocurre en este caso, donde concurren muchísimos productores y apenas una veintena –entre grandes y chicos– de compradores, lo que amerita una solución más elaborada y no la simple fijación del precio a través de un acuerdo ministerial. Hay que pensar y hacer ejercicios con la mente y con el lápiz.