Hay quienes no desean discutir sobre la licitación del segundo puente sobre el río Daule, con dos argumentos: uno, que comparto, es su urgencia. En realidad, el puente existente es arteria que adolece de trombosis vehicular. Mas, el segundo argumento no convence: que estando ya asegurada la clonación del puente gemelo no importa que haya sobreprecio ante el riesgo de que el próximo gobernante no sea guayaquileño y no otorgue la garantía del Estado. Estimo que este temor, explicable en otra época, hila hoy muy fino.
En otra época..., hace medio siglo, hubo fuerzas que se opusieron a la construcción del puente del río Guayas, presumo que no por odio al puente sino por el hecho político de que se construiría con rentas nacionales. En esta perspectiva, la de una hacienda pública insuficiente para satisfacer elementales necesidades del país entero, el puente del río Guayas significaba la postergación de centenares de urgencias de toda índole. En esta circunstancia, el presidente Arosemena Monroy alentó al Comité de Vialidad del Guayas, que acababa de liberar sus rentas comprometidas con el Banco Mundial en garantía del préstamo que permitió la construcción de la red vial de la Costa, a asumir por cuenta propia, la construcción del puente. El Comité así lo hizo, y desde el momento en que así se desnacionalizó el puente, fue posible su ejecución: la oposición cesó porque el puente sería pagado con impuestos locales, a la gasolina y a las bebidas efervescentes, que solo pagaban los habitantes del Guayas. La dictadura militar sobreviniente respetó la autonomía del Comité; y a la licitación de los estudios, que estuvo a mi cargo mientras fui secretario de ese organismo, concurrió un centenar de empresas, habiéndose adjudicado el contrato al profesor Morandi, cuyo estudio es la base intelectual del actual puente.
El segundo gran paso para la construcción lo dio el presidente Yerovi Indaburu, más que por el otorgamiento de la garantía del Estado al Comité –porque esta institución disponía de fondos propios–, por terminar con un movimiento centralista de última hora del Gobierno militar que pretendió recuperar el control de la obra, y por no admitir demora en la ejecución.
Es verdad que a la licitación de la construcción y financiación del puente en 1967 concurrieron pocas empresas y que la licitación de 2002 incluye no solo la construcción del segundo puente del Daule sino la reparación de los dos puentes originales. Sin embargo, el precio ofrecido por cada una de las dos únicas empresas concurrentes sigue siendo monstruosamente inexplicable, y pido a la Comisión de Control de la Corrupción que solicite a los colegios de Ingenieros y cámaras de la Construcción que informen el costo real de las obras, y separadamente del segundo puente gemelo sobre el río Daule, por lo que pueda ocurrir posteriormente. Yo me propuse abundar en argumentos ante la Corporación Andina de Fomento (CAF), el prestamista, porque, habiéndose firmado el contrato de construcción, este solo podía invalidarse si el prestamista no firmaba el contrato de financiación. Pero la CAF concedió a ciegas el préstamo la semana pasada cerrando el candado e imposibilitando una nueva licitación. Que cada uno asuma su responsabilidad histórica.