La Corte Constitucional (CC) afirma que la suspensión de 17 artículos en las leyes de Inteligencia, Integridad Pública y Solidaridad no constituyen un pronunciamiento de fondo sino que se enmarcan en un proceso de admisibilidad. Son actuaciones técnicas y jurídicas en busca de precautelar la supremacía de la Constitución, dice en un comunicado público.
De su parte, el presidente Daniel Noboa anunció que el 12 de agosto participará de una marcha hacia la Corte Constitucional “para hacer sentir el verdadero poder del pueblo”. El día anterior a este pronunciamiento, el 5 de agosto, la ministra de Gobierno, Zaida Rovira, y el presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, aparecieron junto a policías y militares en un video difundido por la Secretaría de Comunicación de la Presidencia, rechazando la suspensión parcial de las leyes. El argumento es que se deja sin respaldo a las fuerzas del orden en su lucha contra los grupos de delincuencia organizada.
La Constitución y las leyes en Ecuador definen las atribuciones y deberes de sus instituciones. El cumplimiento de los procesos tiene que darse con respeto a las normas, mesura, madurez y transparencia, sin contaminar políticamente derechos y a la misma carta magna.
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La suspensión no implica un dictamen de inconstitucionalidad de los textos legales. Corresponde un proceso en el que habrá audiencias, presentación de pruebas de las partes, argumentaciones, y otros, hasta llegar a una resolución.
Todo ello en la Corte Constitucional que está obligada a garantizar un trabajo técnico y jurídico, respetando las normas que rigen al Ecuador. Los actores políticos y sociales tienen el derecho y la libertad de expresar opiniones y argumentos. Lo deseable es que se lo haga sin deslegitimizar a ningún órgano del Estado. A quien le asiste la razón la ley se la dará en el debido proceso.
Las tensiones institucionales no aportan. La ciudadanía requiere agilidad y soluciones, más cuando la misma CC anuncia que continúa con el procesamiento y análisis de otras demandas. (O)