El operativo Apolo 1 desarrollado en Quito terminó con la aprehensión de 22 personas por diversos delitos y el decomiso de armas, explosivos, artículos robados y dinero. La acción policial se extendió al centro de privación de la libertad de El Inca, en el norte de la capital, donde se hallaron 113 dispositivos móviles.
La gravedad del hecho es evidente. Están fallando los controles y el bloque de seguridad debe disponer permanentes redadas. Pero no solo eso: urge detectar quiénes están dotando a los presos de teléfonos celulares y dinero, que es conocido se usan para ordenar desde la prisión la ejecución de delitos violentos.
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El Código Orgánico Integral Penal (COIP) señala en el artículo 275 que la persona que ingrese “bebidas alcohólicas, sustancias catalogadas y sujetas a fiscalización, armas, teléfonos celulares o equipos de comunicación; bienes u objetos prohibidos” a los centros de privación de libertad será sancionada con penas de uno a tres años de cárcel.
“La misma pena se aplica en el caso de que los objetos a los que se refiere el inciso anterior se encuentren en el interior de los centros de rehabilitación social o en posesión de la persona privada de libertad”, anota la ley.
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El problema es que siguen quedando en la impunidad los ilícitos anotados y en cada operativo se da cuenta de objetos prohibidos encontrados dentro de cárceles. Aquí hay un enigma por resolver si realmente se quiere terminar con las acciones de los grupos de delincuencia organizada (GDO) en Ecuador.
El 31 de marzo pasado, el ministro de Gobierno, John Reimberg, anunciaba reuniones con las operadoras de telefonía móvil en busca de un acuerdo para bloquear la señal en los centros de privación de libertad. Es necesario conocer cómo marchan estas acciones, porque cada día crece la angustia ciudadana por hechos violentos, como sicariatos, explosivos colocados en casas y extorsiones, y las mismas autoridades sospechan que las órdenes salen de alguna cárcel. (O)