Cuando la desinformación arrecia, la demora en una aclaración abona a la incertidumbre. Tanto en el sector público como en el privado hay que tomar conciencia sobre los efectos del silencio en la era de la virtualidad.
Este 4 de agosto en redes sociales se difundieron noticias falsas sobre la salud financiera del Banco Pichincha, uno de los bancos del Ecuador con mejor solvencia y liquidez, de acuerdo con datos de la Superintendencia de Bancos.
A las 12:39, la Superintendencia de Bancos hizo un posteo en redes sociales rechazando la desinformación que desde temprano rodó en redes sociales tras problemas en la banca digital de la entidad.
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El antídoto para evitar la inútil alarma está en la aclaración inmediata de las autoridades y de la institución, que pese a ser privada está obligada a responder ante sus clientes.
La Superintendencia de Bancos️ recordó “que desinformar con fines desestabilizadores constituye el delito de pánico financiero, sancionado con pena privativa de libertad, conforme al artículo 322 del Código Orgánico Integral Penal”.
En general, la desinformación es una acción que no debe tener cabida porque daña a la sociedad. Esta, a su vez, espera que los organismos de control, no solamente en relación con el sistema financiero sino en general, sancionen a quienes crean pánico, causan daño social y perturban al país difundiendo falsedades.
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La demora en una respuesta institucional no solo atañe a la entidad señalada, sino que genera una desconfianza general y el país tiene experiencia en aquello. Un motivo más que suficiente para frenar desde la responsabilidad comunicacional cualquier intento de desestabilización del sistema.
No se pueden tener contemplaciones con quienes desafían las leyes, pero tampoco dejar avanzar a rumores. A las 13:51, la Superintendencia anunció un proceso administrativo por incidentes tecnológicos en el banco y aclaró que los depósitos de los clientes continúan seguros. (O)
