Del 1 de enero al 21 de julio de este 2022 hubo 686 muertes violentas solo en Guayaquil. Representan el 6,6 % del total de defunciones registradas en ese periodo (10.295) por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). En el mismo lapso del 2021 fueron 283 del total de 13.413 defunciones.

En materia de robos a personas, durante todo el 2021 se registraron 25.389, a nivel nacional, pero de enero a mayo de este 2022 ya se habían registrado 12.548, casi la mitad en cinco meses. Estos son datos oficiales del Ministerio de Gobierno, no es percepción como suelen justificar los políticos; imágenes de cómo se dilinque que se comparten en redes sociales son señales de alarma, generan nerviosismo y estrés en los ciudadanos. Y no se trata de detener la difusión, el que se oculten hechos no quiere decir que no existe, así lo deben entender la autoridades responsables de la seguridad.

Hace justamente un mes el presidente Guillermo Lasso convocó a una reunión de autoridades gubernamentales con alcaldes y prefectos. Ahí el Gobierno anunció la compra de equipos para intentar frenar la ola delictiva y anticipó nuevas citas.

El mandatario reconoció que la Constitución establece que la seguridad es responsabilidad estatal, pero sostuvo que también determina ciertas responsabilidades a las municipalidades e invitó a un trabajo complementario y coordinado.

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No se ha sabido de nuevas convocatorias grupales o si se están haciendo por provincias o ciudades, que por estrategia y pensando bien podrían mantenerse en reserva, sin embargo, hechos y cifras nos alertan de que –si es así– los resultados fallan. Y sí, ha pasado solo un mes, pero la defensa de la vida requiere celeridad.

Lamentablemente la realidad en materia de seguridad hace que el tema se aborde otra vez para insistir en resultados, la ciudadanía exige que el derecho a la vida y el respeto a los bienes privados que proclaman la Constitución y las leyes se garanticen con acciones y no sean solo promesas vanas. (O)