Una vez más, un nuevo estudio internacional ubica al Ecuador en un peldaño preocupante por sus escasos resultados en la lucha contra la corrupción que lamentablemente se ha vuelto endémica.
Según el índice de capacidad para combatir la corrupción (CCC) 2023, que lo realiza la consultora especializada en riesgos Americas Society/Council of the Americas (AS/COA) y Control Risks, el Ecuador está en el puesto 10 entre 15 países de la región. En la mayoría de variables, como la capacidad legal para combatir la problemática (independencia de las instituciones del Estado para luchar contra la corrupción y la eficiencia del sistema judicial para juzgar a los responsables de los hechos y denuncias de corrupción), se muestran los mayores retrocesos.
A esto se suma un estancamiento en el trabajo de las instituciones que tienen el membrete de anticorrupción, en el poco acceso a la información pública disponible y en la poca cantidad de recursos con los que cuenta la Fiscalía General del Estado para sus investigaciones.
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El 3 de mayo del año pasado, el actual Gobierno creó la Secretaría de Política Pública Anticorrupción y designó a Luis Verdesoto como su representante. Antes, presentó la estrategia nacional anticorrupción. A poco más de un año, esta entidad tiene un nuevo timón con Ana Belén Cordero, quien ha dicho que continuará con la implementación de las “metodologías de autodiagnóstico y mapeo de riesgos institucionales de corrupción” en tres empresas públicas, impartirá cursos de integridad pública y creará un canal para denuncias anónimas de corrupción.
Pero aún se necesita mucho trabajo y compromiso. La ciudadanía exige que las políticas públicas para luchar contra la corrupción sean más efectivas y, sobre todo, que exista integridad en la administración de recursos del Estado, especialmente en los procesos de contratación pública, porque la falta de transparencia y de prevención rebota en corrupción y en malos servicios para la población; y la corrupción se emparenta con la violencia. (O)
