La noche del lunes la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, transmitió un mensaje a la nación y los primeros cuestionamientos en redes sociales eran si como autoridad de un cantón podía dirigirse a todo el país.
En la alocución Viteri reclamó decisiones con resultados en materia de inseguridad al presidente Guillermo Lasso. El discurso fue acusador: nunca antes la nación había vivido lo de hoy; el país se le salió de las manos; la delincuencia le ganó; la seguridad es de su exclusiva competencia, dijo entre otras frases.
Hizo referencia al artículo 261 de la Constitución que señala en el numeral 1 que el Estado central tendrá competencias exclusivas sobre la defensa nacional, protección interna y orden público. No obstante, el artículo 260 deja espacio para la suma coordinada de esfuerzos: el ejercicio de las competencias exclusivas no excluirá el ejercicio concurrente de la gestión en la prestación de servicios públicos y actividades de colaboración y complementariedad entre los distintos niveles de gobierno.
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Y la Alcaldía de Guayaquil ha cooperado con vehículos, cámaras, gasolina y otros. El presidente, por su parte, habla de planes, leyes, de una inversión de 1.200 millones de dólares para fortalecer a la Policía Nacional e incrementar el número de uniformados hasta el 2025 y también explica que la violencia, los robos, las muertes, las explosiones son una respuesta a la acción contra el narcotráfico, con cifras récord y golpes a mafias internacionales.
La inseguridad afecta a todo Ecuador y todos los ecuatorianos están en su derecho de reclamar por una vida en paz, por unirse en una lucha por el bienestar. El poder judicial también está inmerso. “Queremos ver a los presos sin que la justicia los libere por la puerta trasera”, anotó Viteri y es un sentir ciudadano, aunque un individuo no se sienta representado en la política. Es el momento de sumar, no de dividir, cuando está en juego la paz no se vale confrontar. Las leyes que se deban cambiar, así como el requerimiento de seguridad no pueden ser parte de intereses electoreros de ningún sector porque implica vidas. (O)