Toda la actividad minera de la provincia de Napo fue suspendida desde el lunes pasado por disposición del Ministerio de Ambiente y Energía. La medida alcanza a las plantas de beneficio de El Oro y Loja.
Más allá de que por el momento no haya una fecha para el reinicio de actividades, hay una serie de acciones que se deben cumplir en torno a las causas.
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Un comunicado del ministerio anota que la medida responde a informes técnicos que evidencian impactos negativos sobre ecosistemas sensibles y fuentes hídricas, producto de actividades ilegales. En el caso de El Oro y Loja detalla altas concentraciones de cianuro, arsénico, cadmio, cobre y plomo en los ríos Calera y Amarillo.
Alrededor de los ríos antes mencionados se ubican aproximadamente 80 plantas de beneficio, según datos de la cartera de Estado.
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La resolución suscrita por la ministra Inés Manzano define plazos para procesos administrativos de sanción a operadores que hayan caído en infracciones; verificación de autorizaciones y certificados de ley; decomisos, monitoreo de sedimentos para identificación de metales.
La Agencia de Regulación y Control del Agua coordinará con la Subsecretaría de Calidad Ambiental del Ministerio de Ambiente y Energía para que en el plazo de hasta dos meses se realice el monitoreo de calidad de agua en los cuerpos hídricos de las provincias de El Oro, Loja y Napo.
Todos los pasos anunciados son imprescindibles para frenar abusos y contaminación ambiental, pero adicionalmente se debe voltear la mirada también al ser humano y las especies.
Urge que el Ministerio de Salud complemente las labores gubernamentales tras los anuncios. Habitantes de la zona requieren exámenes médicos para determinar posibles efectos. La atención es clave.
El Ministerio de Ambiente y Energía tiene que ocuparse de la recuperación de la calidad del agua y estudios de afectaciones a especies en el área de influencia. Trabajar en todos los ejes para mitigar efectos es urgente. (O)