Cuatro preguntas de referéndum y una de consulta popular, con sus respectivos anexos, fueron enviadas por el presidente Daniel Noboa para el trámite de la Corte Constitucional (CC). De las siete interrogantes que el mandatario había anticipado en sus redes sociales, dos ya fueron aprobadas con antelación por el organismo.
Las preguntas planteadas por el Ejecutivo llegan en un momento de tensión entre el Gobierno y la Corte Constitucional, luego de que el pasado 12 de agosto el propio jefe de Estado, Daniel Noboa, encabezó una marcha hacia la sede de la institución para reclamar por la suspensión de varios artículos de leyes que, según el régimen, son claves en la lucha contra la delincuencia organizada.
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Sin embargo, el análisis, tal como se ha dicho en materia de los textos con demandas de inconstitucionalidad, debe ser técnico, jurídico y por ningún motivo político. Una consulta popular es un ejercicio democrático y así tiene que ser tratada.
Un llamado a las urnas no solo es una herramienta jurídica constitucional, sino que representa la voz soberana de la población. Lo deseable es que a nivel del análisis de la CC y de los sectores políticos se la evalúe con criterio legal, más allá de que históricamente también se ha convertido a las consultas populares en instrumento de medición de fuerzas.
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Hoy la situación social y política del Ecuador obliga a que los líderes prioricen los efectos de las reformas antes que intereses de ningún tipo.
El proceso apenas comienza y el presidente se ha propuesto que el llamado a las urnas sea para diciembre próximo. Los plazos y tiempos determinarán si todas las preguntas alcanzarán a esa fecha su trámite, el que no solo depende de la CC, sino también de la convocatoria del Consejo Nacional Electoral.
Mientras los procesos jurídicos y de convocatoria siguen su curso, es preciso que la ciudadanía se involucre en el conocimiento de lo que se propone, para tomar decisiones informadas, sin manipulación de ningún sector. (O)