En los últimos días hay casos polémicos, mediáticos, que son parte de la conversación entre amigos o familiares. El de un supuesto abuso a una niña, los relacionados al combate de la delincuencia organizada y hasta el reciente decreto que suspende en Ecuador la jornada laboral el 30 de abril –con lo que el feriado por el Día Internacional de los Trabajadores será de cuatro días–. Todas las informaciones deben ser tratadas con responsabilidad en medios de comunicación y redes sociales.
El primer caso mencionado ganó notoriedad en redes sociales y particularmente en programas de farándula o secciones dedicadas a la prensa rosa porque la madre de la menor es una reconocida actriz e influencer. Cuando hay una niña de por medio es imperativo que los periodistas y quienes crean contenido actúen con la mayor responsabilidad al difundir información, no solo porque hay leyes que protegen a los menores sino porque son vulnerables y merecen ser protegidos por el Estado y los ciudadanos.
Claro que hay que exigir justicia. Una de las responsabilidades sociales de quienes hacen comunicación es esa, informar, fiscalizar al poder. Ni los medios de comunicación ni las redes sociales son jueces, pero sí tienen el deber de investigar y verificar para difundir información verificada y contrastada. Con esas herramientas la ciudadanía toma decisiones, posturas y forma su propio criterio, por ello la responsabilidad es enorme.
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En todos los casos que se aborda los comunicadores tienen el deber de actuar con transparencia y cuando una niña o niño está en el centro, priman la responsabilidad y la protección de los menores.
Es la Función Judicial la que analizará pruebas y tiene el poder de sentenciar, así como en casos de delincuencia organizada la fuerza pública actúa y la justicia está obligada a evitar que haya impunidad.
La ciudadanía comenta y debate sobre lo que lee, ve o escucha. También tiene el poder de elegir dónde y cómo hacerlo y evaluar lo que es desinformación, que no hace bien a la sociedad. (O)
