Ecuador cerró el 2025 con más de 9.300 homicidios, según ha informado el ministro del Interior, John Reimberg. Es el año más violento de la historia tras superar al 2023, cuando hubo 8.248 asesinatos. Resulta insultante que, cuando el Ecuador se desangra, la clase política está dedicada a acusarse de todo tipo de delitos. Se han dicho corruptos, ladrones y hasta narcos.
Alcaldes, concejales, asambleístas, ministros y presidente. Todos lanzan acusaciones a mansalva en redes sociales. Cuando hay pruebas, las denuncias se llevan a los tribunales; si es el caso, a juicios políticos; de lo contrario, bajan al nivel del insulto y el descrédito, que no es solo una ofensa entre ellos, sino una falta de respeto a la ciudadanía que los eligió para resolver los problemas del país.
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No se trata de izquierda, derecha, centro. Son la mayoría de los que están en el poder. Señores, entiendan que su obligación es gobernar, legislar, solucionar, para que el país transite por una senda de progreso. El espectáculo es realmente bochornoso: la política convertida en un ring digital mientras la delincuencia organizada gana terreno y atemoriza.
La exposición de denuncias sin procesos claros ni resultados concretos alimenta la decepción ciudadana y la desconfianza en las instituciones de un Estado que se muestra ocupado en pelear consigo mismo más que en proteger a su gente.
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El deber de toda la sociedad, más aún de quienes cumplen funciones públicas, es denunciar formalmente. Si existen indicios de corrupción o vínculos con el crimen organizado, estos deben investigarse con rigor, a través de la justicia y los organismos de control, no mediante posteos que pretenden viralidad. La justicia no se construye con escándalos, sino con procesos institucionales firmes, transparentes y verificables.
La situación exige más acciones y menos show. Cuando los políticos se insultan, están irrespetando a la población y abonando a la violencia que el país repudia, porque lo que anhela es organización y paz. (O)