“Cerramos el 10 de mayo de 2023 con cero homicidios a nivel nacional. Con este, son 365 días sin homicidios, todo un año”. Eso aseguró el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Pero ¿qué significado tiene?
A primera vista es un anuncio de éxito en un país donde las pandillas dominaban y las estadísticas hablaban de 105 asesinatos por cada 100.000 habitantes (2015) y “30 homicidios diarios” en promedio. El Gobierno, cuyo líder crece en su reputación a nivel internacional, mantiene datos en reserva por el riesgo de la “seguridad nacional”. Prensa local e instituciones cuestionan la imposibilidad de acceder a estos para verificarlos.
De acuerdo con las autoridades de El Salvador, todo es efecto de su plan de seguridad, que no se ha librado de polémica y para el cual se tiene un estado de excepción general prorrogado trece veces para lograr un control territorial, luego de tres días de una escalada de violencia (en marzo 2022) en que murieron 87 personas.
Publicidad
Human Rights Watch menciona que el nuevo anuncio se referiría a 365 días no consecutivos. La estrategia de Bukele tiene una gran aceptación, pero también ha recibido críticas de organismos que advierten que se mantienen suspendidas garantías constitucionales, lo que permite que una detención administrativa pueda pasar de tres hasta quince días o intervenir comunicaciones sin necesidad de que lo autorice un juez. Además, Amnistía Internacional dice que hay más de 130 muertos “bajo custodia del Estado”.
Ante acciones delictivas un régimen debe tomar medidas que frenen la violencia criminal. La soberanía se mira con respeto y la posibilidad de implementar acciones similares a las de Bukele solo son vistas con cautela en gobiernos de la región. Las condiciones y problemas de cada país son diversos y un plan de seguridad debe adaptarse a cada una de las realidades, más allá de las experiencias de éxito que sin duda tienen que analizarse y replicar lo que las leyes y situaciones propias permiten. (O)
