El presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, dispuso que a partir de este mes de junio se multe a los legisladores que falten o se atrasen a las sesiones del Parlamento. La medida es bien recibida por la ciudadanía, que exige que todos los poderes del Estado trabajen con responsabilidad por el desarrollo del Ecuador.
El Legislativo, que creció en número de integrantes de 137 a 151, tiene un rol esencial en la democracia y si bien la decisión del titular del organismo –para que se registre la asistencia de forma electrónica desde las curules– tiene impacto positivo, las obligaciones de esta función del Estado en su conjunto son vistas con lupa por una sociedad que le dio su confianza.
La puntualidad y asistencia no son temas triviales. Los asambleístas se comprometieron a cumplir con el país desde el momento en que aceptaron la candidatura. Tanto presencia como rigurosidad horaria son temas de ética, independientemente de que cuentan con códigos y reglamentos de función.
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Es lamentable que para lo elemental se tenga que imponer multas que están entre $ 55,52 y $ 158,63, pero necesario. Lo triste es que de los padres de la patria se debería esperar rigor en todas sus actuaciones sin medidas como la anunciada.
Pero de lo elemental hay que pasar a hablar de lo trascendental: formulación y aprobación de leyes o reformas.
La responsabilidad histórica de los asambleístas los tiene que obligar a actuar con compromiso, responsabilidad y transparencia, sin que primen agendas marcadas por intereses particulares.
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Cada ley que se dicta y cada voto expresado e inclusive cada intervención en comisiones o en el pleno tiene consecuencias directas sobre los ecuatorianos que esperan verdaderos cambios.
Es bien recibida la decisión del presidente de la Asamblea, quien con ese mismo rigor debe convertirse en vigilante del actuar del Legislativo, con el objetivo de que haya participación democrática, respetuosa, transparente y digna, como espera el pueblo que eligió a cada miembro. (O)
