Dentro de ocho meses Ecuador volverá a las urnas para las elecciones de autoridades seccionales y de siete miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, exactamente el 29 de noviembre. El cambio de fecha de los comicios, que en el calendario inicial aprobado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) constaban para el 14 de febrero de 2027, ha levantado un debate sobre su marco legal e intereses políticos que deben dilucidarse. Esto, sin embargo, no implica ignorar los argumentos del organismo rector de la democracia.
Desde el retorno a la democracia, en 1979, el único adelanto de elecciones en Ecuador se dio por la muerte cruzada decretada por Guillermo Lasso en 2023, mecanismo establecido en la Constitución.
En la actualidad hay una polémica. Quienes cuestionan la decisión del CNE argumentan que ni la Constitución ni el Código de la Democracia da las facultades para anticipar comicios al organismo que, por su parte, justifica la modificación en un informe sobre posibles afectaciones severas por la temporada invernal.
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El documento proyecta impactos en 488 parroquias de 143 cantones, en 17 provincias, con cerca de dos millones de personas en riesgo. El CNE se ampara en el numeral 1 del artículo 26 del Código de la Democracia, sobre sus funciones, que anota: organizar, dirigir, vigilar y garantizar, de manera transparente y eficaz los procesos electorales, convocar a elecciones, realizar los cómputos electorales, proclamar resultados y posesionar los electos.
El 29 de marzo se presentó una demanda de inconstitucionalidad de la resolución del CNE, ente que advirtió a los jueces de la Corte Constitucional (CC) que “debe tener presente que hay antecedentes de que en época electoral, la máxima autoridad es la Función Electoral”.
Todos los sectores deben ser escuchados y en medio de un proceso electoral las dudas y señalamientos no le hacen bien a la democracia. Declaraciones responsables, despejar suspicacias y actuar con transparencia es imprescindible, más allá de egos o intereses. (O)
