Datos del Ministerio del Interior revelan que de enero a noviembre de 2025 hubo 32.929 salidas del país por estudio. Es una aspiración legítima de padres y de quienes desean una formación profesional en el exterior acceder a ella. Un beneficio que, sin embargo, pese a programa de becas está limitado a posibilidades de acceso como beneficio, a la economía o los créditos.
En el éxito de estudios superiores en el exterior hay una responsabilidad compartida entre aspirantes y Estado. Para los primeros es clave que se constate si la institución escogida tiene una acreditación oficial en el país de referencia y si cumple con los requisitos para que la titulación sea reconocida en el Ecuador.
De parte del Estado ecuatoriano el aporte obligado es el acceso a canales de información clara respecto a las universidades y los procesos de homologación que deben ser ágiles no solo para no defraudar a quienes con un título buscan regresar al país sino para que la lentitud no se convierta en motivo para que los ya profesionalizados se resistan a regresar a poner en práctica lo aprendido.
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La agilidad y las facilidades del país para reconocer la titulación toma mayor importancia cuando incluso el Estado se convierte en facilitador de convenio de becas o los estudiantes recurren a créditos educativos.
Invertir en talento humano y luego no ofrecer condiciones para el retorno y la inserción laboral es una contradicción profunda. El país pierde conocimiento, innovación y capacidad técnica justo cuando más los necesita.
En el contexto actual la educación alcanza altos niveles también en el ámbito local y la entrega de becas debe seguir fortaleciéndose para dar oportunidades a quienes tienen limitantes económicos de acceso a la educación superior.
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Por factores financieros ningún país debería privarse de talentos. Y la negligencia en los procesos de oficialización y reconocimientos de titulación tienen que desterrarse e impulsar programas laborales para evitar la llamada fuga de cerebros. (O)
