La presidencia de Guillermo Lasso terminaría anticipadamente en diciembre, de acuerdo a los calendarios para la segunda vuelta de las elecciones anticipadas. En medio del periodo de comicios, las demandas de pagos de deudas del Estado a entidades nacionales alertan de servicios en riesgo.

El 21 de septiembre, el hospital León Becerra hizo público que el Gobierno mantiene una deuda de $ 2,7 millones. Ricardo Koenig, presidente de la Benemérita Sociedad Protectora de la Infancia, que regenta la casa de salud, afirmó que a consecuencia de ello hay trabajadores impagos desde hace ocho meses y no se cumple con proveedores desde hace más de un año.

Lo que ocurre es grave, a tal punto que está en análisis el cierre de ciertos servicios de este hospital que funciona en el sur de Guayaquil. Se conoce que por falta de insumos ya se deriva a los pacientes a otros centros. Las deudas del Gobierno al León Becerra se arrastran desde el 2018. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) debe unos $ 2 millones, y el Ministerio de Salud Pública (MSP), alrededor de $ 700.000.

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El director del IESS, Diego Salgado, también reclama pagos al régimen. En una carta señala que entre enero del 2012 y junio del 2023 el Estado adeuda al IESS $4.936,1 millones por el 40 % de aporte estatal, y por salud, $ 4.830 millones.

La representante de los empleadores ante el Consejo Directivo del IESS ha precisado que estas deudas ponen al Instituto en riesgo de incumplimiento de pago de pensiones a jubilados, de afectar las reservas del Fondo de Pensiones y de que se atrase el pago a prestadores externos.

En los dos casos hay un perjuicio a la salud. Un hospital que no puede atender incumple con el mandato constitucional de garantizar la salud, obligación del Estado según la carta magna.

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Es primordial que haya un compromiso desde el régimen para sacar adelante sus obligaciones, más allá de que se sumen deudas antiguas. Los ecuatorianos demandan soluciones ágiles y oportunas, no pretextos ni justificaciones. (O)