El artículo 98 de la Constitución del Ecuador establece que “los individuos y los colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público o de las personas naturales o jurídicas no estatales que vulneren o puedan vulnerar sus derechos constitucionales, y demandar el reconocimiento de nuevos derechos”.
Este miércoles 8 de marzo el país volverá a ser testigo de protestas sociales. Las dos últimas movilizaciones y paros nacionales se extendieron por semanas y dejaron destrucción, muertos y heridos.
Se anticipa que lo del miércoles será una movilización pacífica. Así debe ser, respetando el derecho a la protesta desde el Ejecutivo, pero también desde el lado de los manifestantes se debe respetar el derecho al trabajo, a la libre movilidad, a discrepar; un reclamo que surge desde varios sectores que temen desmanes atribuidos por los líderes de las manifestaciones a infiltrados.
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Tras el decreto 883 del gobierno de Lenín Moreno, que eliminó el subsidio a los combustibles y la puesta en vigencia de medidas económicas impopulares, del 3 al 13 de octubre de 2019 se desarrolló un paro que bloqueó carreteras, impidió la libre circulación, paralizó pozos petroleros, hubo violencia y saqueos en Quito, donde hasta se incendió la Contraloría.
El paro nacional indígena de junio de 2022 duró 18 días, con un saldo de 6 muertos y alrededor de 500 heridos. Se inició el 13 de ese mes. Entre las demandas estaba un menor precio de la gasolina y el diésel, la limitación de la expansión extractivista y mayores plazos para cubrir deudas con bancos. Saqueos, destrucción de bienes privados, contaminación de aguas, fueron, entre otros, los efectos en varias ciudades.
A un día de una jornada de protesta solo se puede pedir prudencia para no volver a lamentar enfrentamientos. Manifestantes y fuerza pública son ecuatorianos; prudencia para que no haya destrucción y que sí haya control interno para que no se desdibuje la resistencia a causa de infiltrados o malos manifestantes. (O)
