Las funciones que cumplen la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas están establecidas en las leyes. Sus miembros cuentan con preparación técnica, jerarquizada, disciplinada, profesional y especializada. Sin embargo, en ocasiones, estos enfrentan ataques o procesos judiciales por acciones realizadas en el cumplimiento de su deber.
Recientemente, durante la protesta indígena que exige cambios en el decreto del congelamiento del precio de los combustibles, dos militares fueron agredidos y secuestrados. En días anteriores, dos policías han visto cuestionada su reacción a ataques delincuenciales en los que dos ciudadanos inocentes, un menor y una mujer, fallecieron en fuego cruzado.
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Ciertamente, la legislación debe prever el castigo para los excesos de los miembros de las instituciones armadas, cuya misión es atender la seguridad ciudadana, el orden público y la seguridad nacional. No obstante, también es cierto que en la actualidad los niveles de violencia y saña suelen superar los recursos con los que cuentan las fuerzas del orden, por lo que se precisa que se revisen con sumo cuidado los procesos y, si fuese necesario, se actualice la legislación.
El saldo de tres días de manifestaciones fue de 37 detenidos por obstaculizar las vías, 8 policías heridos y 2 militares agredidos y secuestrados. La ciudadanía debe tener claro quiénes cumplían con su deber y quiénes infringían la ley.
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Más de 900 policías enfrentan procesos por acciones en ejercicio del deber, que están amparadas en el reglamento institucional, mientras que sus acusadores se respaldan con una ley orgánica.
En el caso de los dos militares secuestrados, la ministra de Gobierno ha manifestado que impulsarán todas las medidas de carácter legal para que se inicie la investigación y se sancione a los culpables de ese delito.
Los derechos humanos deben ser garantizados para todos los ciudadanos, pero no por ello se puede inclinar la balanza de la justicia hasta llegar a perjudicar a quienes luchan del lado correcto. (O)