“La situación de violencia y criminalidad organizada no solo persiste, sino que se ha intensificado y extendido territorialmente, evidenciándose una dinámica delictiva interconectada entre corredores logísticos y zonas de influencia que demanda una respuesta estatal integral, coherente y focalizada”. Este es un grave resumen que consta en el decreto de estado de excepción que firmó el presidente Daniel Noboa para cerrar el 2025.
El 9 de enero de 2024, el mandatario declaró el conflicto armado interno, reconoció como terroristas a una veintena de grupos de delincuencia organizada transnacional y ordenó a las Fuerzas Armadas ejecutar operaciones militares para neutralizar a las bandas señaladas por sus actos delictivos. Efectivamente el país, a los casi dos años de este decreto, sufre el embate brutal de la violencia y el régimen está en la obligación de recurrir a las herramientas constitucionales para frenarlo.
No dejan de inquietar los “informes técnicos actualizados” en los que se apoya para decretar un nuevo estado de excepción en nueve provincias y tres municipios por el aumento de la violencia y el crimen organizado.
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Estado de excepción en nueve provincias y tres cantones de Ecuador: ¿hay toque de queda?
El Decreto Ejecutivo n.º 277 implica a las provincias de Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas y Sucumbíos. También a los cantones La Maná, en Cotopaxi, y Las Naves y Echeandía, de Bolívar.
Urge que los informes técnicos de los que se habla se traduzcan en acciones contundentes. Aunque en redes sociales se mantenga la queja por el no en la última consulta popular, el Gobierno y el Estado deben buscar instrumentos para frenar a quienes generan violencia.
El estado de excepción, que regirá por 60 días, es uno de ellos, pero por sí solo no surtirá efecto si no moviliza a la Fuerza Pública y la justicia hace su trabajo poniendo fin a la impunidad.
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El 2026 acaba de empezar y resulta imprescindible un trabajo conjunto por la paz del Ecuador. (O)
