Dos masacres en cárceles de Ecuador en una misma semana obligan a las autoridades gubernamentales a revisar procesos de control. Las acciones deben ser urgentes para evitar que regresen a los centros penitenciarios las frecuentes masacres.
El 22 de septiembre la Policía Nacional atribuyó a enfrentamientos entre bandas rivales el motín que dejó 13 reos y un funcionario penitenciario asesinados en el centro de privación de libertad de Machala, en El Oro. Este 25 de septiembre el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) confirmó un motín en la cárcel de Esmeraldas: el saldo preliminar es de 17 muertos.
Reportes policiales vinculan al incidente a Los Tiguerones, grupo de delincuencia organizada (GDO) que habría ordenado eliminar a elementos de Los Lobos, Los Choneros y no afines, según las hipótesis.
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El decreto que declara a Ecuador en conflicto armado interno desde enero del 2023 también ordena a las Fuerzas Armadas ejecutar operaciones militares para neutralizar a los grupos identificados como terroristas en el mismo documento suscrito por el presidente Daniel Noboa. Los uniformados participan de la vigilancia del orden en las cárceles, pero la responsabilidad es del SNAI.
Independientemente de las hipótesis sobre enfrentamientos entre bandas, el país requiere que se termine con el dominio de los GDO tanto dentro como fuera de las cárceles. La autoridad debe tener el mando sin excusas.
A las 14:40 de este jueves las Fuerzas Armadas informaron en sus redes sociales que se neutralizó a los involucrados, pero hubo un militar herido. Los grupos armados usaron en los dos casos armas de fuego y armas blancas. La pregunta sigue siendo cómo las ingresan.
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Evidentemente hay ‘fallas de control’ o complicidad. No solo es controlar motines sino su origen, porque lamentablemente la violencia en las cárceles se convierte en más amenazas en las calles, así lo dicen los hechos y los expertos en seguridad. (O)
