El próximo 1 de mayo se conmemora el Día Internacional de los Trabajadores. En esa fecha, pero en 1886, se inició en Chicago, Estados Unidos, una huelga que buscaba reducir la jornada laboral a ocho horas y, tras varios días, lo logró.
Ahora en Ecuador se preparan las marchas conmemorativas que mezclan demandas sociales, laborales y también políticas. En la Asamblea Nacional se discute una reforma polémica al código laboral, particularmente porque propone el incremento de 15 a 30 días de vacaciones en el sector privado.
Con todo derecho la clase trabajadora puede aspirar a un mayor descanso anual. La pregunta justa es si junto con este proyecto se trabaja en la estimulación de la actividad productiva con el propósito de generar nuevas plazas de empleo.
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Sin duda es popular ofrecer descanso, tiempo para la familia, para el ocio, es una apuesta a obnubilar a un sector de la economía que, sin embargo, debe pensar en función de todos, fundamentalmente en los desempleados.
Uno de los mayores problemas para alcanzar soluciones en un país es la división, es pensar en función de los intereses individuales y no del conglomerado. Hasta marzo la tasa de desempleo llegaba al 3,6 %, que equivale a 302.665 personas. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) anotan que a ese mes 915.994 tenían un empleo no remunerado y registran con empleo no clasificado a 12.052 ciudadanos; así se califica a los que no se pueden clasificar como empleados adecuados, inadecuados, o no remunerados por falta de información en los factores determinantes. Según el Ministerio del Trabajo, en lo que va del 2023 se han registrado 227.017 actas de finiquito.
En los datos estadísticos salta la necesidad de anteponer mecanismos que generen posibilidades de empleo, de una economía sólida para las familias y en consecuencia para el país. El derecho al trabajo traerá por añadidura mejores días y la oportunidad de logros de beneficio común. (O)
