En este enfrentamiento entre fuerzas políticas por controlar la Asamblea, en que por la falta de un solo voto no llegó a cristalizarse el triunfo de una de las facciones, se produjo una reacción de rechazo de la opinión pública, que permitió la conformación de un nuevo bloque que derrotó al anterior y eligió como presidente de la Asamblea a Guadalupe Llori, de Pachakutik. Había vencido la voz de la opinión pública. En la primera votación, el bloque de legisladores del partido de Gobierno se abstuvo, y luego apoyó a los de esta nueva alianza que comprendía a Izquierda Democrática y a varios legisladores independientes. El presidente electo, con su decisión, mantuvo el respaldo de quienes lo apoyaron en la primera, y, sobre todo, en la segunda vuelta; y, tan importante como eso, libró a su gobierno del estigma que le habría acarreado la creación de una Comisión de la Verdad que debía intervenir en procesos judiciales, en violación de la independencia de la Función Judicial. En estos días hemos visto la condena internacional recibida por el presidente de El Salvador, Bukele, por haber destituido, con una nueva mayoría legislativa adicta, a la Corte Constitucional y al fiscal de la nación. Le han repudiado los organismos de derechos humanos, la OEA, la Unión Europea, los Estados Unidos, entre otros. Todo esto le habría ocurrido al Gobierno del Ecuador, en lo nacional e internacional, si hubiese triunfado el fracasado intento. Algo debe estar mal en nuestra estructura constitucional cuando el partido de Gobierno, CREO, cuenta en la Asamblea con una minoría de minorías de tan solo 12 legisladores, menos del diez por ciento del total, y aun si se suma a su exaliado, el PSC, con 18 legisladores, siguen siendo una reducida minoría.

Pasada esta azarosa transición legislativa, el Gobierno debería continuar interpretando el sentir de la opinión pública, gobernar con ella a través del mecanismo constitucional de la consulta popular. Durante la campaña electoral, el ahora presidente electo anunció que convocaría a una consulta para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y que sus funciones regresen a la Asamblea Nacional; esto se torna más imperativo a raíz de que, por los escándalos, habrá que nombrar a nuevos contralor y defensor del Pueblo. Habrá que vigilar esto. Sería un desperdicio de consulta popular el limitarla a la eliminación del Consejo de Participación. Hay, por ejemplo, la propuesta del doctor Simón Espinosa para derogar la Constitución de Montecristi y que quede vigente la de 1998, actualizada con todas las nuevas instituciones nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, ambientales, del trabajo, etcétera.

Como se ha recordado la manera abusiva e inhumana con la que por orden de Correa se detuvo y destituyó a la prefecta Guadalupe Llori, quiero relatar algo anecdótico: el año 2005, en el gobierno de Alfredo Palacio, visitamos a la prefecta Llori, yo, Mauricio Gándara, ministro de Gobierno, y Rafael Correa, ministro de Economía, para escuchar sus planteamientos de necesidades de obras provinciales; se trataban como buenos amigos. Así, permite el cielo “que puedan mudar al hombre fortuna, poder y tiempo” (José Zorrilla). (O)