El Estado está al límite. La tensión entre poderes toma el pulso al coeficiente político que pretende garantizar un Estado de derecho, ajeno a la urgencia que apremia a la sociedad: activar la economía para crear riqueza sostenible. Una urgencia que nos expone a una frágil aceleración, y que no puede justificar soluciones recursivas con pocas posibilidades de sostenerse en el tiempo.

Mientras el Estado busca una salida del laberinto en el que se encuentra su gobernabilidad, la empresa tiene la responsabilidad práctica de encontrar soluciones mínimas viables que permitan arrancar y sostener la activación económica enfocada en tres objetivos inmediatos: crear empleo, volver eficiente el sistema productivo y fomentar un consumo local responsable teniendo como eje ganar competitividad. La agilidad con la que el sector privado asuma esta responsabilidad evidenciará su inteligencia empresarial.

Hacer empresa, en un escenario de urgencia económica, exige estimular el músculo inactivo de la economía sobrerregulada: la innovación. Al entender la innovación como una fuente de crecimiento se abre la oportunidad para generar soluciones disruptivas en materia fiscal, laboral, de inversión, comercial, entre otras, que estimulen un ciclo virtuoso de innovación y se integren a la funcionalidad estructural del sistema productivo.

Un desafío de innovación crítico para el crecimiento sostenido es el diseño de un sistema tributario más eficaz, competitivo y moderno. Estimaciones de la Cepal sugieren que el costo de evasión y elusión fiscal en América Latina alcanzó el 6,1 % del PIB y el contrabando el 2 % del PIB. El Estado sigue aplicando instrumentos fiscales creados hace más de un siglo y no ha logrado asumir su obligación de mejorar la supervisión fiscal para reducir la evasión tributaria, en especial la aduanera, por ejemplo, a través de la subvaloración de las importaciones. Crear instrumentos fiscales justos y que funcionen a favor de una competitividad eficaz y un crecimiento formal de la economía estimularía al sistema empresarial a invertir con mayor capacidad en investigación y desarrollo; es en la innovación donde están las ventajas competitivas de la riqueza sostenible.

La urgencia de crear nuevos puestos de trabajo expone al mercado laboral a empleos de baja calidad imposible de sostener en el tiempo. La necesidad de diseñar una jornada laboral que integre trabajo y formación especializada en los procesos de innovación operativa fortalece la profesionalización laboral y la estructura salarial. Al crear una fuerza laboral de alta especialización y diversa, el sector empresarial se prepara para una internacionalización más sostenible, que exige altos estándares de competencia técnica, de condiciones laborales dignas y de gestión sustentable de los procesos productivos y sus cadenas de suministro.

Equilibrar el valor de un Estado de derecho con una empresa que sienta la innovación como un derecho y un deber permitiría al liderazgo empresarial integrarse con mayor definición y transparencia en el diseño de políticas públicas y regulaciones que reclaman evidencia práctica para su efectividad. (O)