Sin la actual constitución, la jueza que conoció la garantía de habeas corpus propuesta por los familiares del niño y adolescentes de Las Malvinas detenidos, desnudados y torturados por los militares y encontrados muertos el 2024 no habría podido declarar la responsabilidad del Estado por su desaparición forzada. El ministro de Defensa había negado la autoría de los uniformados en la detención, que luego reconoció cuando se hizo público el hecho. Este es un elemento de la desaparición forzada. Lo que ocurre es que las víctimas eran empobrecidas y de tez negra y podían acusarlas de un robo que no cometieron y estigmatizarlas. No importa, pues, su suerte para el poder ni para el segmento de la población que lo apoya. Por ende, sienten que no les beneficia la Constitución con esa ni con las demás garantías que consagra. Quieren cambiar un instrumento que no les sirve, porque los derechos a la salud, educación y otros que tienen los ejercen con su dinero, a veces mal habido. En adición, es un obstáculo para los privilegios que quieren para enriquecerse explotando económicamente los recursos de los sectores estratégicos, que creen que no deben estar en manos del Estado y por ello pretenden abolir la gratuidad de la educación superior y quitarle al IESS la prestación de salud, a fin de que el pueblo les salga más barato y compensar los negocios que desean hacer para los grandes capitales nacionales y extranjeros, con arbitraje internacional incluido.

Quieren deshacerse de una constitución que reconoce derechos colectivos a los indígenas que amenazan su sosiego, a la naturaleza que arruina sus beneficios; quieren desembarazarse de una Corte Constitucional que constituye la única piedra en el zapato para apoderarse de todas las instituciones públicas y resucitar las normas que aquella declaró inconstitucionales, con el afán de imponer la impunidad al abuso de la fuerza pública. Y no trepidan para todo ello en repetir que la carta magna fomenta la inseguridad. Lo grave es que les creamos, que no leamos el documento para saber si es cierto, que es citado por los abogados para defender los derechos de sus clientes y por los jueces para administrar justicia.

Quien propone enmendar el traje constitucional es un mandatario que ha hecho de su mandato la costumbre de violar la Constitución. Lo hizo con la exvicepresidenta de la República, con la orden de asaltar la embajada mexicana, con la patraña montada contra una periodista afín a un partido político, con leyes que transgredían de modo escandaloso los derechos de las personas, con la participación en las campañas electorales anteriores sin pedir licencia y así obrar con ventaja. ¿Podemos confiar así que una nueva ley suprema sería cumplida por quien tiene como primer deber respetarla? Son principios los que defendemos, no banderas partidistas, por legítimas que fueren.

Mantengamos con reformas necesarias una constitución que es para todas las personas de buena voluntad. Desechemos la idea de instalar bases militares que no necesitamos y que enajenan la dignidad nacional. Votar ‘no’ es construir. (O)