En 1789, la memorable revolución francesa alumbró la memorable Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, que en 1791 Olympe de Gouges complementó con la Declaración de la mujer y de la ciudadana, porque las mujeres no habían sido consideradas en la anterior por los hombres, a pesar de su activo papel en la revolución. En 1948, después de la segunda guerra mundial, la Asamblea General de la ONU emitió la gran Declaración Universal de los Derechos Humanos, subrayando que “…el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad…”. Ocho Estados se abstuvieron, dos porque reconocía derechos que internamente negaban: Sudáfrica, que practicaba el apartheid y la misógina Arabia Sudita. Los otros, entre ellos la URSS, porque decían que la Declaración no iba lo suficientemente lejos respecto a los derechos económicos y sociales y a los derechos de las minorías. En 1966 la Asamblea oyó a éstos y adoptó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, reconociendo que “…no puede realizarse el ideal del ser humano libre en el disfrute de las libertades civiles y políticas y liberado del temor y de la miseria, a menos que se creen condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos civiles y políticos, tanto como de sus derechos económicos, sociales y culturales”.
Es decir que la comunidad internacional progresivamente ha reconocido derechos de las personas y de los pueblos. Lo mismo ha acontecido acá, desde que se dictó la primera Constitución en la que se favoreció la candidatura presidencial de Flores y para ser ciudadano había que ser dueño de bien raíz de cierto valor y ser alfabeto; en la de 1869 solo era ciudadano además el varón, católico. Todo eso fue cambiando y se reconocieron más derechos, en especial la de 1978, cuando los sectores retardatarios promovieron el voto nulo frente al proyecto de la nueva y la reformada de 1945. La de 1998 tenía su valor, pero, sabiéndose la crisis financiera por la que pasaba parte de la banca, permitió que el Estado le otorgue créditos, demostrando que para los enemigos descalificadores del Estado regulador y controlador sí es útil que intervenga para salvar al sector privado sin importar que mal administre.
Así llegamos a la Constitución vigente, construida desde abajo, con la participación de decenas de organizaciones sociales, que con otras personas y agrupaciones entregaron sus demandas a la Asamblea Constituyente, que cumplió su trabajo a pesar del boicot interno y de unos sectores ciudadanos que usaron la religión y la acusaron falsamente de “abortista”. 17 años la han atacado con argumentos falsos, o verdaderos, como decir que es “garantista”. El vicio imputado es su virtud porque establece ampliamente derechos individuales y colectivos frente al poder político, promueve las garantías constitucionales. Afirman que defiende un proyecto ideológico, como si no lo tuvieran sus angelicales detractores, mas, la carta magna es para todos, visibiliza a los invisibles, no hay que escuchar a Goebbels, el alma de aquellos, que sostienen, sin demostrarlo, que no garantiza la seguridad ciudadana o lo que es peor, que incentiva la impunidad. Lo que sucede es que es menester engañar porque la gente necesita y ansía que no la mate ni extorsione las bandas criminales, sin que el gobierno se la dé, a pesar que desde el inicio de su mandato no ha dejado de demandar y ha obtenido los instrumentos constitucionales y legales necesarios, a excepción de las leyes de Solidaridad Nacional e Integridad Pública, algunas de cuyas normas la Corte Constitucional primero suspendió provisionalmente por violatorias a los derechos constitucionales, lo que provocó la ira de Júpiter, y después declaró inconstitucionales, frente a lo cual ha empezado a introducir disposiciones que constaban en dichas leyes, como aquella reforma a la Ley de Movilidad Humana que manda a la autoridad deportar a los extranjeros que, en caso de “grave conmoción interna” puedan haber cometido hasta hurtos y estén detenidos, prohibiendo su regreso al país por 40 años y si lo hace será enjuiciado y capturado. Antes se lo declaraba objetivo militar, es decir ejecutado, lo que revela el talante altamente represivo del régimen.
Quieren suprimir la prestación de salud por el IESS que han desatendido, para entregársela al ministerio de salud y luego, congestionado su movimiento, proclamar que no funciona para privatizar la atención; quieren eliminar la educación gratuita en el nivel superior; quieren abolir los derechos colectivos del movimiento indígena, que les resulta molesto porque se sale del paisaje. Y quieren hacer otros negocios privados cambiando la Constitución, que no es patrimonio de un partido político.
Condorcet, filósofo de la ilustración francesa, declaró: “Quien vota en contra del derecho de otro, cualquiera que sea su religión, color o sexo, ha renunciado desde entonces al suyo propio”. (O)
