La alarmante realidad del crimen organizado en Ecuador ya no sorprende a nadie: la detención de jóvenes involucrados en delitos graves –como secuestro, extorsión o asesinato– y su vinculación con bandas delictivas se ha vuelto tristemente habitual.
Según Ser Paz, se estima que solo en Guayaquil operan 1.050 grupos de delincuencia organizada con la participación de 65.000 jóvenes. La escalada de su participación es dramática: en 2024, más de 4.000 fueron detenidos, duplicando las cifras de 2023 (1.889). Todos ellos miembros de las bandas declaradas terroristas por el presidente Daniel Noboa.
La causa fundamental es el “abandono” social en sectores empobrecidos y sin acceso a servicios básicos, además de la falta de valores familiares, escuelas o actividades extracurriculares que los deja vulnerables a la captación criminal. El proceso de reclutamiento es sistémico. Los inician como “campaneros” y luego los ascienden a “auxiliares”, asistiendo a criminales mayores. En este proceso “pierden el miedo” y son enviados a cometer delitos. Las recompensas son efectivas: pueden llegar a ganar alrededor de $ 1.000 mensuales, además de “bonos” por “trabajos especiales”, ropa de marca, zapatos, vehículos, motocicletas e incluso propiedades, como ocurre en Durán, donde se han tomado barrios enteros y la han convertido en una de las ciudades más violentas del mundo.
Frente a este sombrío panorama, celebramos el Decreto 21 del 5 de junio del presidente Noboa, que declara la prevención del reclutamiento de menores en grupos de delincuencia organizada como prioridad nacional. Este decreto también establece un comité con 17 instituciones estatales para combatirlo, lo que representa un paso crucial para articular una respuesta desde el Estado. Sin embargo, es fundamental destacar que la sociedad civil ya está haciendo su parte y puede servir como un pilar en esta lucha. Existen numerosos ejemplos inspiradores. Por un lado, la Fundación Huancavilca por décadas ha impulsado una Orquesta Sinfónica Infanto-Juvenil, que se inició en el Guasmo y se ha expandido al noroeste de Guayaquil. En esa misma área opera la red liderada por Misión Alianza, conformada por trece organizaciones que ofrecen opciones de microempresas asociativas, nutrición, salud, inclusión social, educación, estimulación temprana, deporte y cultura. Además, las iglesias en todo el país representan una invaluable opción caritativa que se traduce en apoyo y oportunidades para niños y jóvenes vulnerables. La urgencia de identificar acciones se respalda en estudios internacionales. Un análisis del caso mexicano elaborado por Complexity Science Hub indica que la única forma efectiva de reducir la violencia criminal es disminuyendo la provisión de jóvenes al sistema mafioso.
Por lo tanto, proponemos que el Estado identifique y fortalezca estos esfuerzos de la sociedad civil. Es vital implementar un plan para que estas organizaciones obtengan los fondos necesarios para duplicar su impacto. Paso a paso podremos ofrecer alternativas reales y constructivas abriéndoles a los jóvenes las puertas a un futuro de esperanza. (O)
