Mientras el ministro de salud afirma que no hay crisis en su área, su jefe, el presidente, le pone a presidir un nuevo comité, inventado esta semana. Esperemos que no sea un distractor que cumpla con el adagio que conocemos bien: cuando hay un problema, la solución es crear un comité para que las cosas sigan igual o peor.
La idea de crear un comité podría estar ligada al principio de hacerlo para que trabajen –solo en eso– sus integrantes hasta entregar un plan emergente, una política pública para solucionar al menos tres problemas críticos de la salud pública: la falta de atención oportuna, la poca resolución en esas atenciones y la ausencia de medicamentos e implementos médicos. Pero no, lo que tiene que hacer el comité creado en el decreto presidencial 108 es… lo que ya dicen la Constitución y leyes.
El decreto fue firmado en Uruguay. Ojalá el presidente y sus ministros se hayan empapado del sistema de salud de ese país, que da un seguro universal –como lo que dice en nuestra Constitución y no cumplimos– que articula todos los subsistemas en el sistema nacional integrado de salud con una alta eficacia que llega a tener un gasto de bolsillo inferior para el usuario, de 15 % en comparación con el nuestro, por encima de 33 %.
Tal vez el comité pueda aceptar que el problema sanitario ecuatoriano tiene décadas, que es multicausal –la corrupción es apenas una de varias aristas que tampoco se arreglan con reuniones y actas– y que merece soluciones, hasta programas piloto para evaluar en pocos meses cuáles mecanismos –de tantos propuestos por analistas, exministros y académicos– son más eficientes. Sería muy bueno que al menos proponga estas dos consideraciones:
1. Hacer un Código de la Salud para… ¡proveer medicinas, atención oportuna y eficaz! Bueno y muchas cosas más, como, por ejemplo, determinar parámetros generales de atención de enfermedades crónicas y así evitar que cada semana aparezca otra propuesta de ley para cada enfermedad. Por si acaso, hay más de 10.000 enfermedades…
2. Presentar un cambio en el sistema que coordine y articule los subsistemas: ministerial, policial, militar, privado, IESS, ONG, etc. En lugar de ser redundantes, proponer un paradigma de modo que el Ministerio de Salud deje de proveer servicios, que estos pasen a ser entregados por la seguridad social y otros. Así, el Ministerio de Salud dejaría de ser juez y parte para realizar las funciones esenciales de salud pública, que además son sus obligaciones constitucionales. Empezaría por regular –con vigilancia, que entre otras cosas puede disminuir la corrupción–, emitir políticas públicas –para mejorar resultados y eficiencia–, proporcionar financiamiento con seguimiento de calidad, investigación e implementación tecnológica para optimizar gestión en el sistema administrativo e impulsar mejores prácticas sanitarias en los proveedores.
El comité podría hacer algo distinto al reconocer que la dimensión de la crisis amerita atención de toda la sociedad, educación a la ciudadanía y participación para alcanzar metas de tantos planes, incluso ya existentes, para ir mejorando la salud de nuestro país. (O)