La situación del tablero estratégico de seguridad nacional en que actúan los gobernantes de EE. UU., Ecuador y Colombia ha cambiado de manera sustantiva, por la influencia directa del llamado corolario de Trump a la Doctrina Monroe sobre el hemisferio occidental, espacio geopolítico del que forman parte. Es necesario partir de la política de seguridad que impulsa cada gobernante y la estrategia que emplea para concretarla, identificando como amenazas comunes –aunque con distinta intensidad– al narcotráfico y al terrorismo.

Trump resume su política en “América primero” y una estrategia ofensiva, “la paz a través de la fuerza”, orientada a eliminar dichas amenazas, con o sin alianzas. Daniel Noboa sintetiza su política en “No negociaremos con terroristas”, con una estrategia ofensiva de “confrontación directa y sin concesiones” mediante la guerra interna para neutralizar o eliminar las amenazas. Gustavo Petro articula su política de “Paz total”, aplicando una estrategia de “diálogo” con los grupos armados ilegales; sin embargo, los resultados han sido un aumento de las hectáreas cultivadas con coca, de producción y tráfico de cocaína.

Trump complementa su política de seguridad con los aranceles a productos importados como presión estratégica. Noboa ha recurrido a un mecanismo similar de imponer aranceles a determinadas importaciones provenientes de Colombia, indicando que los recursos recaudados se destinarán al financiamiento de la guerra interna contra el narcotráfico y para bloquear el tránsito de cocaína producida en territorio colombiano. Y solicitó a Colombia un mayor despliegue de sus fuerzas de seguridad en la frontera.

La respuesta de Petro fue la adopción de medidas arancelarias contra Ecuador. No obstante, tras su reunión con Trump, modificó su postura y comenzó a intensificar las operaciones militares contra los grupos narcoguerrilleros del ELN, las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo, con los que sostenía procesos de diálogo.

Ecuador es el más afectado, en el tablero geoestratégico de la seguridad regional, al haberse transformado en un centro de acopio de la cocaína colombiana y punto clave de distribución hacia Estados Unidos y Europa. Esta condición ha derivado en que, durante los últimos tres años, el país registre un promedio cercano a 48 homicidios por cada 100.000 habitantes, una de las tasas más altas de América Latina. Pese a la captura de cabecillas criminales, la incautación de toneladas de droga y el decomiso de armas de guerra, la violencia persiste debido a la atomización de las bandas con nuevos jefes, la vinculación con actores políticos, la inseguridad jurídica y la penetración del crimen organizado en las instituciones del Estado.

En este contexto, al presidente Noboa no le queda más alternativa que sostener su política y profundizar su estrategia; incrementar la ofensiva contra el narcotráfico, el terrorismo y las actividades ilegales; fortalecer las alianzas con EE. UU. y Colombia, cuyo presidente parece haber reconocido que su política de “Paz total” y estrategia de diálogo con las organizaciones criminales armadas han fracasado. Esperemos que Colombia, además, tome control permanente de sus fronteras. En el tablero estratégico los actores están en movimiento. (O)