Tenemos la necesidad de salir adelante. El imperativo de superar los graves problemas que vivimos. Como punto de partida, creo que hay que analizar los problemas con total cabeza fría, y pensar y repensar con objetividad en las posibles soluciones. Es condición necesaria no escuchar a personas interesadas ni a odiadores. Está claro que la atención hospitalaria pública en buena parte ha colapsado, que el problema de la mala atención lo vienen arrastrando los más variados Gobiernos, que las derivaciones a clínicas privadas han costado una millonada y que hay una notable mora en el pago a dichas clínicas. Es obvio entender que el modelo de gestión en materia de salud pública es un rotundo fracaso. El presidente Alfredo Palacio planteó y logró ejecutar en parte su llamado plan de aseguramiento universal en materia de salud, hasta que llegó el nuevo Gobierno. Lo ejecutó con el Municipio de Guayaquil. A los beneficiarios del bono de desarrollo humano se les descontaba un dólar mensualmente; con ese dólar el Municipio y el Ministerio de Salud, a través de una fundación, contrataban múltiples servicios de salud y hasta un servicio mortuorio. Por el volumen de los beneficiarios y la certeza del ingreso mensual se podían planificar y ejecutar tales servicios. Esa política, considerando las variantes legales, se podría replicar y ampliar, inclusive extendiendo la cobertura a los afiliados al IESS. Los contratistas se harían cargo de contratar a las clínicas privadas, con lo cual se acabaría el no pago a las clínicas por falta de auditoría. Los contratistas seguro sabrán cómo controlar mejor a las clínicas, cómo ejercer un control concurrente sin esperar al final, como es propio de las auditorías (se audita sobre el pasado).
El Gobierno tiene mayoría en la Asamblea y puede lograr las variantes necesarias. Antes de mandar una reforma así debe consultar a entendidos con experiencia y desinteresados, no a filósofos de la administración pública sin ningún ruedo.
Relacionado con el segundo tema, creo que el Gobierno debe contratar a especialistas antes de enviar proyectos urgentes. Como lo habrán notado mis lectores, nunca achaco a nadie. De hecho, no soy partidario de la mofa a la asesoría jurídica presidencial. Tampoco me gusta incursionar en temas políticos. Debo decir que la Ley de Integridad Pública se autodestruye desde el comienzo. En efecto, el artículo 1 tiene por objeto “regular todos los aspectos de la integridad en la gestión pública, con el objetivo de erradicar la violencia; la corrupción en todos los cargos y funciones públicas; mejorar la eficiencia del sector público; y fortalecer el tejido social, financiero y económico de las y los ecuatorianos, garantizando que los bienes y servicios públicos satisfagan sus necesidades”. Dicha ley trata, entre otras, sobre las causas para suspender el registro único de proveedores, sobre la adquisición de inmuebles por la administración pública, sobre el portal de contratación pública. ¿Era urgente regular la suspensión del RUP?, ¿el portal? La Corte puede tener sus propias exageraciones, pero no le son imputables las falencias de la ley. (O)
