¿Por qué hay más de 200 organizaciones políticas en nuestro país a las que debemos de una forma u otra financiar con nuestros impuestos? ¿Existen más de 200 visiones ideológicas de la política que justifiquen este número de movimientos y partidos? ¿Por qué es tan difícil para los gobiernos formar alianzas estables y duraderas con otras organizaciones políticas? ¿Por qué en el Ecuador la oposición pretende siempre que el Ejecutivo implemente las políticas de quienes perdieron las elecciones y no de los que las ganaron? ¿Por qué el chantaje es la forma más usual de relacionarse entre los diferentes actores políticos? ¿Por qué hay tanta corrupción en el manejo de la cosa pública en nuestro país? ¿Cómo es que hay tantos políticos y expolíticos que viven como faraones sin haber pagado impuestos que reflejen su tren de vida? ¿Por qué siendo un país tan rico seguimos hundidos en la pobreza? ¿Cómo fue posible que por más de una década nos gobernara una pandilla de mafiosos que se enriquecieron y abusaron sistemáticamente de los derechos humanos? ¿Por qué cada Asamblea parece peor que la anterior?
Hay, obviamente, algunas excepciones en la premisa sobre las que estas preguntan parten; pero son eso, excepciones. Nuestro país no va a salir del pantano en que se hunde sin reformas institucionales profundas y hasta audaces. Se requiere, por ejemplo, reestructurar el régimen de partidos y movimientos políticos para asegurar que únicamente organizaciones de proyección nacional puedan auspiciar candidaturas en todos los niveles geográficos. El derecho de los individuos a participar en política no es absoluto. Debemos eliminar las reglas que permiten la compraventa y alquiler de partidos. Urge que a los asambleístas se los elija en la segunda vuelta electoral junto con el presidente. Necesitamos disminuir el peso que tienen los asambleístas provinciales –tan propensos al caciquismo– o creando una cámara de representación nacional o diseñando un mecanismo para que, dentro del actual sistema, los asambleístas nacionales gocen de facultades específicas y diferenciadas con respecto a sus pares provinciales. El presidente debe tener la facultad de enviar proyectos de ley con carácter urgente no solamente en materia económica, sino en otros asuntos de interés público como son temas sociales, educativos, carcelarios, seguridad ciudadana, salud, menores, agricultura etc. Debemos adoptar un sistema de delegación legislativa tal como lo hay en muchos países. ¿Por qué no puede también el Ejecutivo encargarse de codificar las leyes y someterlas al veto de la legislatura? Debemos repensar el modelo bifurcado de justicia que tenemos, entre la justicia ordinaria y la constitucional. La Fiscalía debería gozar de completa autonomía frente a los demás órganos estatales. Debemos tener elecciones intermedias para renovar parcialmente a la Asamblea. Hay que replantearse el método proporcional para las elecciones pluripersonales y no temer ir hacia uno de mayoría quizás progresivamente.
Y así por el estilo. La lista es larga. Es incomprensible cómo a la élite ecuatoriana no le importa estos asuntos. ¿O es que prefiere mantener el esquema actual por ser el que mejor conviene a sus intereses? Mientras no se reforme estructuralmente el sistema político no saldremos adelante. (O)