El Fondo Monetario Internacional (FMI) situó al Ecuador $620 millones, como parte del programa de Servicio Ampliado del Fondo (SAF) que el país mantiene con el organismo desde 2024, “después de evaluar el cumplimiento de metas macroeconómicas relacionadas con la reducción del déficit, la transparencia fiscal, la eficiencia del gasto público y la implementación gradual de medidas estructurales para afrontar obligaciones financieras inmediatas, estabilizar el flujo presupuestario y respaldar el cronograma de pagos previsto para cierre de año”, yo agregaría, también para los pagos al exterior, que debe hacer desde enero del 2026 que están en monto aproximado a $6.551 millones, en el año por iniciarse, $ 3.952 millones por amortizaciones, y $ 2.599 millones por intereses. Los pagos mayores son para

el mismo FMI, alrededor de $ 1.520 millones, y por bonos soberanos, aproximadamente $ 1.635 millones. Sin el “certificado de buen comportamiento financiero” no habría habido posibilidad de desembolso, y sin este no habría capacidad interna de pago, tampoco para el servicio de deuda externa desde enero del 2026. El Ecuador caería en default, por incapacidad de pago.

Lo esencial, entonces, será que no haya autoengaño de que todo está ordenándose, porque sigue el peso de transferencias atrasadas (más de $ 700 millones) a gobiernos autónomos descentralizados y a otras entidades, consecuencia del modelo centralista de recaudación y distribución que viene desde el correato, y de ingentes deudas a proveedores, que seguro sobrepasan los $ 1.200 millones, de que no hay registros confiables, porque hay los segmentos facturables por prestaciones ya realizadas y auditadas, las que están en verificación y las “aguantadas” porque aún no interesa que se las audite, para que no haya exigencia de pago, prácticas también arrastradas desde el “correato”, si incrementadas en cuantías.

Sería iluso creer que se alcance en semanas, la plena transparencia de información sobre flujos de recursos, pero debe haber esfuerzos para no hacer mayor la brecha de desinformación con gastos fuera de la programación y de las prioridades que deban atenderse habrá que hacer un esfuerzo para priorizar pagos.

En todo caso, es un error fabricar explicaciones sin sustento para “no quedar mal”. Primero, porque fabricar versiones equivale a mentir; y, segundo, porque si se descubre es peor lo de quedar mal. Un ejemplo de los días presentes es el de los menores de Las Malvinas, desnudados, abandonados y asesinados, con responsabilidades penales, no solo para los ejecutores, sino también para quienes conocieron lo sucedido y ayudaron a armar versiones y a encubrir alteración de indicios.

No estoy de acuerdo en la generalización de la reserva que cuando proceda debe ser temporal, si se quiere evitar filtraciones. Debe haber programas de alertas –con recursos para atenderlas– que funcionen, sobre todo en riesgos, en seguridad y en salud. Cero posibilidad de atención es inaceptable, hasta criminal.

Percibir y verificar que en la información pública más que publicidad, o enunciado de intenciones, hay realmente información, es esencial. (O)